Migrantes sin patrón y sin fronteras, contra la discriminación y la explotación
Por Dolores Señorans (*)
Costureros, feriantes, vendedores ambulantes y pequeños productores rurales: las economías populares en Argentina son también migrantes. Historias de organización y principales desafíos en un contexto de crisis económica que no reconoce nacionalidades. La lucha contra la criminalización como política de Estado.
Los trabajadores migrantes están en el centro de los debates actuales sobre las formas contemporáneas de acumulación del capital y las nuevas modalidades de explotación del trabajo. En nuestro país suelen incorporarse a sectores económicos de trabajo intensivo como la confección de indumentaria, la producción hortícola o la venta ambulante. En los últimos años, han conformado unidades productivas autogestionadas y se reconocen como parte de organizaciones de la economía popular. Así están protagonizando creativos procesos de organización política que derriban muros y cuestionan las fronteras que el sentido común discriminatorio erige entre nacionales y extranjeros.
Itinerarios de organización gremial
Fani Espínola vino a la Argentina desde Paraguay. En realidad la primera en viajar fue su hija, vino a trabajar de ayudante en el taller de confección de una conocida de Paraguay. Cuando juntaron algún dinero, comenzaron a trabajar juntas en la pieza donde vivían. Hoy Fani es presidenta del Polo Textil Miró –una cooperativa de confección perteneciente al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE)– y de la Federación de Cooperativas de Costureros, Trabajadores de la Indumentaria y Sector Textil de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular.
Los trabajadores de la confección –en su mayoría migrantes de Bolivia, y en menor medida de Perú y Paraguay– capturaron la atención pública a través de hechos trágicos como el incendio en 2006 de un taller en la calle Luis Viale, en el barrio porteño de Caballito. Estos hechos pusieron en evidencia las deficientes condiciones de trabajo y seguridad en los talleres “clandestinos”. Mientras el ojo público se situó en estos establecimientos, una segunda modalidad de trabajo ampliamente generalizada fue pasada por alto: los pequeños talleres familiares a domicilio, ubicados tanto en la Capital como en las periferias de las grandes ciudades de nuestro país, y muchas veces en villas o barrios producto de tomas de tierra recientes.
Desde diciembre de 2015 hasta la fecha la rama textil del MTE impulsó la creación de 18 polos: 14 en la Capital Federal y zona sur del conurbano bonaerense, y tres en el interior del país (La Plata, Córdoba y Mar del Plata). En total reúnen a casi 400 obreros que dejaron de trabajar en sus propios domicilios para compartir un espacio común con condiciones seguras y dignas. De allí que la principal bandera de la organización sea “El polo para trabajar, la casa para habitar”.
A través de la inscripción al Monotributo Social los trabajadores regularizaron sus actividades y accedieron a derechos laborales básicos. Pero fundamentalmente, y como suele destacar Fani, ahora ya no trabajan “bajo patrón” y a través de la organización visibilizaron su situación: “Cuando estábamos en casa nadie nos veía”.
Otro de los sectores que se caracteriza por una fuerte presencia de trabajadores migrantes es la producción hortícola. Ever García Lizarraga es referente del MTE Rural y trabaja junto a su mujer en una quinta en Arana, La Plata. Boliviano y guaraní, llegó por primera vez a la Argentina en 2010 para trabajar en una quinta. Su patrón había pagado su pasaje y el de su familia, y durante un año le fue descontando el dinero de su paga mensual. En 2013 ingresaron al MTE, organización que al día de hoy reúne a más de 3500 productores. Desde entonces, Ever reconoce que la situación de sus compañeros mejoró: a través del Monotributo Social Agropecuario regularizaron sus actividades, accedieron a una jubilación y a una cobertura de salud a través de la Mutual Senderos, la obra social propia de la CTEP. “Todo esto nos dio otro aire para trabajar, algunos empezamos a independizarnos. Yo ahora alquilo una hectárea y tres cuartos donde uno ya puede trabajar libremente. Porque cuando uno está con el patrón es invisible y te explotan”, destaca.
Como la mayoría de los productores hortícolas, Ever alquila las casi dos hectáreas donde vive y produce. “Acá en la zona hay dos inmobiliarias que trafican con la tierra”, asegura Ever, quien sostiene que sin la especulación sobre podrían llegar con sus productos de buena calidad directamente a la mesa de los más humildes, merenderos, comedores, hospitales, geriátricos.
Junto a otras organizaciones del sector demandan políticas públicas que garanticen el acceso a la tierra para todos los productores campesinos e indígenas. Una de ellas es la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) que integra la CTEP y nuclea a más de 5000 familias que trabajan en quintas de entre 1 y 3 hectáreas.
Integrante de la UTT, Elías Amador llegó de Bolivia a la Argentina hace 23 años y se instaló, como tantos otros, en el cinturón hortícola de La Plata. Desde la UTT han impulsado estrategias conjuntas de comercialización, el uso colectivo de maquinaria como los tractores, e incluso el desarrollo de mejoras en las viviendas de los trabajadores en las quintas, para evitar accidentes como los incendios. Para Elías, las principales conquistas de su organización están vinculadas a la concientización de los derechos para los productores y la visibilización del sector: “Antes no se sabía que la mayoría de los productores son bolivianos, y que tienen sus quintas. Hoy hemos visibilizado nuestra situación, que el productor es un boliviano, el morocho que trabaja en la quinta”.
Mientras los trabajadores costureros y los pequeños productores rurales señalan que luchan para combatir la invisibilidad que los vuelve blanco de explotación, los vendedores ambulantes saben que su visibilidad en la calle los expone a los acosos constantes de la policía y los inspectores del gobierno porteño. Alpha Diallo es oriundo de Senegal, hace tres años y medio que reside en Argentina y se gana la vida vendiendo en las calles de Constitución. Como por azar, conoció la CTEP y se integró al MTE. Él y otros paisanos viven justo enfrente del edificio donde funciona la sede central del sindicato, también ubicado en el céntrico barrio porteño. “Nosotros nos sentamos en la puerta de la casa siempre, pero un día que tuvimos quilombo con un viejo racista salieron de la CTEP para ver qué pasaba”, relata. Sería la primera vez de muchas porque, como cuenta Alpha, los decomisos de mercadería, arrestos y las causas judiciales armadas son problemas cotidianos. En cada uno de estos hechos reciben el acompañamiento del MTE-CTEP. Además, una vez por semana toman clases de español en la sede central del sindicato.
La crisis no distingue pasaportes
Mientras el gobierno de Mauricio Macri continúa augurando una “lluvia de inversiones” que –dice– derramará empleo y bienestar para toda la sociedad, el conjunto de los trabajadores y sus organizaciones han venido denunciando que el único derrame consiste en recesión y ajuste. Además, este modelo de país excluyente no distingue entre nacionales y extranjeros.
Entre los trabajadores de la economía popular, los primeros en sentirlo son aquellos cuyos ingresos dependen de la venta directa: feriantes y vendedores ambulantes. Raquel Cubas de la Cruz es de origen peruano y se dedica a la venta de ropa y zapatos para niños en una feria de Parque Patricios. Pertenece a la rama de vendedores del espacio público del Movimiento Evita-CTEP, una organización que, como ella enfatiza, nuclea por igual a trabajadores de diversos orígenes: peruanos, bolivianos, argentinos. Los problemas son los mismos: “Ahora la venta bajó mucho por todo lo que pasó. Queremos trabajar, pero no hay venta”. Alpha Diallo también remarca que las ventas cayeron para los senegaleses, pero sobre todo enfatiza el aumento de la persecución policial: “Antes de 2015 trabajábamos tranquilos. Desde entonces y hasta ahora está rejodido, te sacan la mercadería, te llevan preso, te arman causas judiciales”.
De los sectores productivos, uno de los más afectados por la baja del consumo es el sector de la confección. Primo Choque Morales, presidente de la cooperativa Un Sol Para Todos y referente de la rama textil del MTE, destaca que hay una importante caída de la producción local y agrega que la apertura de las importaciones es un factor determinante que amenaza sus puestos de trabajo. Según datos de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, entre enero de 2017 y enero de 2018 la importación de prendas de vestir en toneladas aumentó en un 83,3%. Los trabajadores lo sienten inmediatamente: las marcas y fabricantes entregan menos cortes y los pagos se están haciendo a 30, 60, o 90 días. Primo también señala un efecto más perverso: “En el rubro textil bajaron tanto el trabajo como los precios que están queriendo pagar. Aprovechan que no hay trabajo y si antes pagaban 20 pesos por una remera básica, ahora están pagando entre 10 y 12 pesos. Y para no quedarte sin trabajo, no te queda otra opción que aceptar”.
En el caso de los pequeños productores hortícolas, Elías Amador señala la reciente corrida cambiaria como principal problema: “Nosotros compramos todos los insumos en dólares y vendemos nuestra mercadería en pesos. Hoy por hoy no sabemos si vamos a poder seguir produciendo”. Las consecuencias de ello van mucho más allá de la situación de los propios trabajadores: “Si nosotros dejamos de producir, el pueblo no come directamente”. Por si esto fuera poco, el gobierno eliminó el Monotributo Social Agropecuario. El argumento fue el usual: la necesidad de ajustar el gasto público. “Ellos bajaron las retenciones y el país está perdiendo miles de millones de pesos. Hacen políticas para los grandes, no para el pequeño productor que produce la mayor parte de los alimentos que se consumen acá”, señala Elías.
Además de organizarse para afrontar las problemáticas comunes de cada rama, los trabajadores migrantes han venido luchando codo a codo con otros sectores de la economía popular para afrontar las consecuencias negativas de la crisis. En este sentido, una de las acciones más significativas desarrolladas como parte de la CTEP y junto a la CCC y Barrios de Pie ha sido la conquista, en diciembre de 2016, de la Ley de Emergencia Social y el reconocimiento del Salario Social Complementario. Sin lugar a dudas, esta lucha expresó la construcción de un proceso de unidad entre los trabajadores del sector más allá de su pertenencia étnica o nacional.
La discriminación como política de Estado
En enero del año pasado, el DNU 70/2017 modificó la Ley 25.871 de Migraciones, una norma modelo en el continente que reconoce la migración como derecho humano y la regularización como una obligación del Estado. Desde la sanción del decreto –declarado inconstitucional por la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal- el Gobierno habilitó la posibilidad de la deportación exprés de migrantes que tengan procesos penales en curso o hayan cometido faltas en sus trámites migratorios.
A su vez, este año se anunció la implementación de una aplicación para teléfonos móviles que permitiría identificar a aquellas personas que no tengan sus papeles en regla. Sin embargo, los trámites están demorando plazos de hasta un año y los aranceles se triplicaron. La renovación de la residencia provisoria escaló de 1000 a 3000 pesos para migrantes del MERCOSUR y 6000 pesos para aquellos provenientes del resto de los países.
El conjunto de estos cambios en la política migratoria evidenció un claro giro hacia la criminalización de las migraciones. Los trabajadores senegaleses han sido particularmente afectados por estas medidas. En su mayoría han llegado al país muy recientemente y los turnos para solicitar y renovar sus permisos precarios demoran demasiado. En consecuencia, resulta prácticamente imposible tener los papeles en regla, a lo que se suman los hostigamientos constantes de la policía y las causas judiciales por resistencia a la autoridad o fraude marcario, el artilugio legal cotidiano para la judicialización. Esta persecución y criminalización constantes tomó estado público el 18 de septiembre, cuando cinco vendedores senegaleses, un vendedor argentino, dos militantes y siete referentes de la CTEP fueron detenidos tras un operativo en el barrio de Constitución. El apoyo no se hizo esperar y una multitud se congregó bajo la lluvia en las puertas de la Comisaría 18° hasta que todos fueron liberados.
En este contexto, una de las tareas nodales de organizaciones y trabajadores continúa siendo desarmar la estigmatización que asocia delincuencia y migrantes. Como bien explica Alpha Diallo, esta tarea se apoya en la sencilla y llana reivindicación de su condición de laburantes: “Somos humanos, no somos esclavos. No robamos, no vendemos droga. Siempre estamos en la calle trabajando, con lluvia, con sol, desde las 8 hasta las 8”.
(*) Antropóloga por la UBA e investigadora del CONICET.
