Cuba: entre administrar la crisis y renovar el socialismo

La sociedad cubana atraviesa un profundo debate acerca de las relaciones entre sociedad y Estado, en un contexto de acoso económico y político a la isla. Wilder Pérza Varona, investigador del Instituto de Filosofía de Cuba, reflexiona aquí sobre la complejidad que enfrenta una sociedad que se replantea como renovar su socialismo, planteando la centralidad de la participación social y la autogestión.

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Para la Cuba de los años 90, enfrentar las reformas frente a una crisis coyuntural y estructural a un tiempo requirió saldar cuentas con los esquemas prevalecientes del socialismo histórico.

Una alternativa socioeconómica propia e independiente va más allá de una exitosa administración de la crisis. La reforma por un espacio alternativo para Cuba debía ser entendida como la invención de mecanismos eficaces de reproducción socialista.

Como observó un estudioso por entonces:

“Existe un problema no elucidado entre las modalidades de la socialización de la propiedad y la naturaleza de la gestión, que se relaciona, a todas luces, con la eficacia global del sistema. La propiedad estatal se vincula a un esquema centralizador en el plano de la gestión, que ha desembocado en una ineficiencia empresarial generalizada. El “socialismo real” o histórico, al convertir al Estado en propietario y administrador, hipertrofia el alcance de los ministerios y otros órganos estatales y produce un relevo del empresariado por el funcionariado”.¹

Dos décadas más tarde, la “Actualización del modelo económico-social” del año 2011 fue presentada como una intervención sobre la organización de la economía, sustraída a cambios directos en el modelo político. Procuraba una puesta al día, no de la “política socialista”, sino de una “práctica” capaz de encarar los problemas propios y del sistema de relaciones en que el país ha debido insertarse. El núcleo de esos problemas “prácticos” ha sido ubicado en la “economía”.

En las condiciones actuales de Cuba, despolitizar el problema de las reformas, presentarlas como una cuestión “económico-técnico-social” solo significa una cosa:  eludir la cuestión de su sostenibilidad política, en una perspectiva que continúe siendo anticapitalista.

En consonancia con los documentos rectores de las reformas (Lineamientos, Conceptualización), la nueva Constitución de 2019 conserva el postulado de “socialista” para definir el sistema que rige en Cuba. Tal declaración es referida a un conjunto de valores ético-políticos, sustentada en la (reafirmada) función rectora del Partido Comunista y en el sistema económico vigente. Este último, un modelo mixto (que subordina otras formas de propiedad y de gestión) aparece regido por los principios de la “planificación socialista” y la “propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción”, según una relación en la que el Estado es representante/administrador y el pueblo beneficiario/propietario.

Las connotaciones de un socialismo así fundamentado (a la soviética) han sido largamente debatidas dentro y fuera de Cuba (la estructura de la propiedad, las relaciones entre plan y mercado, los vínculos entre gestión y propiedad, etc.). Lo que suelen dar por sentado, defensores y detractores, es que ese modelo es equiparable al socialismo; es decir, que el núcleo del socialismo consiste en la sujeción del sistema a una planificación centralizada + predominio de la propiedad estatal (= propiedad social o socialista).

Pese a su representación oficial, lo cierto es que el proceso de reformas iniciado hace casi tres décadas ha implicado a la totalidad de la sociedad cubana. Tal constatación resulta ya del debate cubano sobre sociedad civil de los años noventa. En su conjunto, las reformas han conllevado a un redimensionamiento del Estado, de su estructura y funciones, de las formas de actividad social que lo definen, de sus relaciones con la ciudadanía (término este reciente en nuestro vocabulario político).

Omitido o ignorado este proceso de transformaciones políticas, el problema identificado al inicio continúa, en lo fundamental, irresuelto. ¿Cómo vincular la propiedad socializada con la gestión descentralizadora? Más allá del sesgo jurídico que ha prevalecido sobre la cuestión, ¿acaso la propiedad efectivamente socializada no supone esta clase de gestión? ¿La propiedad estatal ha sido, en Cuba o en otra parte, garante de tal socialización?

Estas líneas solo pretenden ilustrar la pertinencia de tales interrogantes.

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Los problemas en torno a la socialización han motivado grandes debates en la variopinta tradición adscrita al marxismo, y respecto al modo en que se la ha concebido y practicado en el socialismo histórico.²

La tradición marxista ha pretendido sustraer la socialización de una teleología naturalista (subordinada al desarrollo de las fuerzas productivas), y situarla en el campo dialéctico de una historia abierta (marcada por la incertidumbre y especificidad de la lucha de clases). Vinculada a la actividad consciente de instituir una sociedad socialista, su énfasis va dirigido a las relaciones sociales de producción y al proceso de conformar una sociedad socializada. En consonancia, se han promovido múltiples vías y mecanismos de control democrático de los medios de producción por los trabajadores, para que decidan colectivamente sobre su uso social. Entendida como el proceso por el cual los individuos son cada vez más capaces de controlar colectivamente sus condiciones de existencia, la socialización ha atendido a la reabsorción por la sociedad de sus poderes alienados, tanto por el Estado como por el mercado.

Sin embargo, la expresión canónica de “socialización de los medios de producción” supuso tirar hacia abajo el rasero de tales implicaciones para restringirse al prisma jurídico de las relaciones de propiedad y las políticas de distribución estatales. Al identificar lo estatal a lo social, y oponerlo a lo privado, la gestión y control efectivos de los medios socializados ha sido una de las ambigüedades conceptuales del término, con efectos prácticos evidentes.

Experiencias del socialismo histórico del siglo XX transitaron de la expropiación de las tierras y empresas por parte del Estado, hacia intentos por suprimir parcialmente el mercado e incluso el dinero como medio de intercambio entre productores y empresas. Se trató de medidas impuestas desde el Estado. El esfuerzo por sustituir la ley del valor y el tiempo de trabajo abstracto no constituyó, sin embargo, una superación económica del valor de cambio, sino una coacción extraeconómica para intentar anularlo.

La preponderancia del valor de uso sobre el valor de cambio funcionó como una norma general, aplicada según cálculo y criterio discrecional de funcionarios estatales, es decir, según una decisión política centralizada (y a la postre, subjetiva). Se trató entonces de una forma de privatización de la gestión del modo de intercambio de riquezas, a cargo de la administración estatal. Tales procesos no dieron lugar a una nueva relación económica que sustituyera la ley del valor y el mercado, sino a una coacción política que la impedía. En lo fundamental, dejaron inalterada la estructura jerárquica de la dominación sobre el trabajo, heredada del capitalismo. ³

El fracaso de tales experiencias demostró que, a contrapelo de lo que creyó la mayor parte de la izquierda, la estatización de los grandes medios de producción no instaura un nuevo modo de producción ni una nueva lógica económica. Estatizar no significa socializar la producción, toda vez que no procura las condiciones para una autogestión significativa a escala social, capaz de instituir un proceso socialista del trabajo. La función del “Estado revolucionario” no es entonces crear el socialismo. Ello escapa al objeto fundante de su existencia como Estado, en tanto monopolio o “proceso de regulación jerarquizada de los bienes comunes”.⁴

En las condiciones actuales, la transición socialista requiere tipos de relaciones socioeconómicas en la totalidad del proceso productivo que la sola intervención estatal no procura y menos garantiza: política de alianzas entre las clases populares para la gestión nacional de los asuntos sociales comunes; nuevas formas asociativas voluntarias de los trabajadores en los centros de producción y creciente articulación con otros centros de producción, así como con las comunidades; democratización permanente de las estructuras estatales que apoye esos procesos locales y comunitarios; estabilidad económica que garantice las condiciones básicas de vida, y que procure tiempo para tales aprendizajes colectivos.⁵

A este respecto, Cuba ha debido hacer su propio aprendizaje, a partir de la crisis, el reajuste, y el consiguiente disenso de los años noventa.

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¿Por qué se discutió acerca de la sociedad civil en los años noventa en Cuba? ¿Qué se discutía al emplear este término? ¿En qué consistía y cómo fue definida la sociedad civil cubana? Los problemas que este debate formulara, ¿pueden arrojar alguna luz sobre los ejes y procesos centrales de las reformas en curso?

Tras el colapso del sistema soviético, se produjo en Cuba una crisis que erosionó la eficiencia del “monopolio práctico” del Estado como productor de ideología, es decir, la compatibilidad entre esa ideología y los beneficios que había sido capaz de procurar (ej. crecimiento económico, movilidad y justicia social). Restringida su capacidad para organizar los proyectos de vida personales en torno al proyecto social, para muchos las estructuras políticas no se adecuaban a la conmoción sufrida por las relaciones sociales, manifiestas en la vida cotidiana de la población, lo que alentó la aparición de nuevas formas asociativas.

La crisis económica, una integración social erosionada a partir de la aparición de nuevos entes económicos, la pérdida de capacidades del Estado para socorrer las necesidades de la población, la ampliación de relaciones de mercado y la creación de espacios no regulados estatalmente, todo alentaba una rearticulación de la sociedad cubana, proceso en el que el propio Estado redefinió su papel, mediante el conjunto de reformas adoptadas. La escasez de recursos obligó a buscar mecanismos de descentralización para su uso más eficiente y a introducir transformaciones en la estructura político-administrativa, a partir de la reforma constitucional de 1992.

Cuba requirió entonces rearticular el consenso en torno a un nuevo modelo de socialismo (respecto a las dimensiones, objetivos y eje de las transformaciones), en las condiciones de una sociedad cada vez más diferenciada, con un nuevo mosaico de actores sociales.

Por tanto, si el tema de la sociedad civil ocupó la atención de los intelectuales cubanos (incluyendo a los políticos) en los años noventa, no se debió solo a su papel en la confrontación ideológica y en los códigos generados en el seno del debate contemporáneo. O a su empleo como instrumento desestabilizador del régimen por el discurso político-ideológico del gobierno norteamericano, ensayado en el Este de Europa. Su uso resultó, ante todo, de la propia activación de la sociedad civil cubana y del espacio de lo público, provocado tanto por los efectos económicos, políticos e ideológicos de la desaparición del campo socialista, como por la propia maduración que las clases y grupos sociales habían alcanzado en tres décadas de ordenamiento socialista. Esta catálisis de la sociedad civil cubana se manifestó en su apropiación (parcial o completa) de espacios y procesos antes sujetados al aparato estatal, y por la importancia que adquirieron los canales y esferas de realización del debate ideológico.

Jorge Luis Acanda distinguió varias posiciones en el empleo del concepto de sociedad civil durante la década en Cuba; esto es, tres tendencias fundamentales en torno a las relaciones de poder y la naturaleza democrática del modelo político, de cara a un proyecto futuro de sociedad.⁶ Una, negaba cualquier logro democrático de la sociedad cubana y se atenía a una intención, implícita o explícita, de cambio de régimen. Entendía la sociedad civil, sobre todo, como espacio asociativo voluntario, contrapuesto al Estado y a la sociedad política y reservorio de los valores de progreso, libertad, democracia, derechos humanos. La ortodoxia isleña, tras rechazar el término como maniobra ideológica, le acogió luego como “sociedad civil socialista”, vía para organizar la participación de masas. Sobreentendía que la sociedad cubana había logrado unos niveles elevados de democracia económica y política, toda vez que las políticas de acceso a servicios y derechos universales garantizaban per se un alto desempeño democrático. Otras visiones, finalmente, proponían un rediseño de la democracia en Cuba. Al asumir la sociedad civil como central para una recomposición socialista de la hegemonía, argumentaron la imposibilidad de que el Estado pudiera hacerse cargo de las necesidades, los objetivos y los derechos de una creciente diversidad social. Si, más que una identificación, existe una continua tensión entre las estructuras políticas y la sociedad civil, es dicha tensión el fundamento de la democratización del sistema.

Tales desencuentros sobre la sociedad civil, al anudar un conjunto de problemas del pensamiento social cubano, reveló carencias de las ciencias sociales para dar cuenta del ordenamiento socialista. El debate cubano amplió y redimensionó la comprensión del proceso de la política, al incorporar el análisis sobre sus “condicionamientos socioeconómicos” y culturales. La necesidad de reconstruir la sociedad civil cubana propició una amplia reflexión sobre su cultura política: sobre el peso de las representaciones ideológicas y culturales en la articulación del consenso, desde la organización familiar, pasando por el papel de los intelectuales, de los nuevos sujetos sociales y la concepción del Estado. La recomposición de la hegemonía fue asumida como proceso cultural, en su más amplio sentido.⁷ 

Pues la sociedad civil promueve una renovación socialista si logra enraizar instituciones y relaciones de producción ideológico-cultural a los fundamentos culturales de la nación y a la pluralidad de sus prácticas cotidianas. Ello concierne al papel del mercado y del Estado en el socialismo: a la búsqueda y desarrollo de nuevas formas de propiedad colectiva (o sujetas a su control) en la economía, así como a la promoción de nuevas formas de participación política que disputen las funciones monopólicas del Estado.

Debatir la deforme socialización del estatismo soviético y el debate cubano sobre sociedad civil condiciona nuestra visión de los problemas del presente. La prioridad de maximizar la producción nacional de bienes y servicios no es solo un problema técnico y económico. Involucra además la educación, relaciones y estructuras políticas.

Acaso en Cuba haya ocurrido un peculiar aprendizaje sobre la sustitución estatista, que se expresa en una nueva sensibilidad frente a los límites y legitimación del poder político, y en demandas a favor de un espacio plural de instituciones, relaciones y grupos sociales, relegadas por el modelo de socialismo que pretende ser reformado. Pero la crítica a la monopolización estatal no puede pasar por alto el poder coercitivo de una sociedad civil a la que queda asignado, de modo prevaleciente, todo el espacio entre el individuo y el Estado. Para las condiciones de Cuba, la implementación de mecanismos efectivos de participación y control ciudadano, laboral, comunitario, continúa siendo el imperativo de una sociedad socializada. Junto a una educación política afín y consensuada, son formas de renovar el Estado que no derivan en, o pueden limitar de veras, una mayor mercantilización.

1. A. Alonso (2006). “La economía cubana: los desafíos de un ajuste sin desocialización”. En El laberinto tras la caída del muro. La Habana: CLACSO y Ruth Casa Editorial, 208-209.

2. Ver K. Korsch (1973). ¿Qué es la socialización? Un programa de socialismo práctico, Buenos Aires: Siglo XXI; E. Weissel (1985) “A Internacional Socialista e o debate sobre a socializaçao”, en E. Hobsbawm et al (eds.) Historia do marxismo, tomo V, Paz e Terra, 227-250.

3. Ver P. M. Sweezy y C. Bettelheim (1973). Algunos problemas actuales del socialismo. México: Siglo XXI; I. Meszaros (2001). Más allá del capital. Hacia una teoría de la transición, La Paz: Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.

4. A. G. Linera (2015). “Estado, democracia y socialismo: Una lectura a partir de Poulantzas”. Recuperado de http://marxismocritico.com/2015/02/25/estado-democraciay-socialismo.

5. A. G. Linera (2017). ¿Qué es una revolución? La Paz: Vicepresidencia del Estado Plurinacional, 80.

6. J. L. Acanda (2005). “Cambios en la sociedad civil cubana y su reflejo en el pensamiento cubano desde los noventa al momento actual”. En J. Tulchin et al (eds.) Cambios en la sociedad cubana desde los noventa. Washington: Woodrow Wilson, 141-144; M. Recio et al (1998-99). “Sociedad civil en los 90: el debate cubano”, en Temas, Nos. 16-17, 155-176.

7. R. Hernández (2003) “¿Pero acaso hay un debate en Cuba sobre la sociedad civil?”, En Hablar de Gramsci, La Habana: Juan Marinello, 137-147.