Ahora probá el Grandote
Los trabajadores de la empresa recuperada La Nirva van por la revancha, luego de que un juez dictara el 30 de diciembre, con el ruido de los cohetes de fin de año de fondo, el desalojo de la planta. La jueza de la feria aceptó la apelación de los compañeros y se abre ahora una instancia de negociación y lucha. Cómo suele suceder, los empresarios que dejaron una empresa en ruinas la quieren recuperar ahora que los trabajadores la pusieron “a punto caramelo”.
Ayer 6 de enero, una multitud se reunió en la puerta de la empresa cooperativa La Nirva para manifestar su apoyo a los trabajadores que recuperaron la compañía y celebrar el la suspensión temporal de la orden de desalojo que un juez había dictado horas antes de Año Nuevo.
El día anterior, el 5, se conoció la noticia de que la jueza que habilito la feria para tratar el desahucio aceptó la apelación que presentaron los abogados de los trabajadores. “Es algo muy positivo, porque la jueza María Cristina O’Ŕeilly, que está subrogando en la feria, leyó que había que sacar un poquito el pie del acelerador”, dijo Claudio Caponera, uno de los abogados de los trabajadores.
“Fue un fin de año bastante triste -dice Marcelo Cáceres, presidente de la Cooperativa La Nirva- siempre nos quedamos haciendo guardias, pero este año teníamos la amenaza del desalojo, así que tuvimos estar muchos más compañeros y la verdad que lo pasamos mal, nerviosos, angustiados…”. El jueves 30 de diciembre, mientras los trabajadores de La Nirva (y toda la sociedad) se preparaban para celebrar el Año Nuevo, se supo que el juez Fernando D´Alessandro, del Juzgado Comercial 7, había dictado el desalojo de la planta. La asamblea permanente denunció la medida “como un acto de complicidad con el vaciador y estafador Matías Perez Paradiso”.
A finales de 2020, y tras una larga lucha junto a organizaciones sociales y vecinos de la fábrica en Lomas del Mirador, los más de 50 trabajadores de La Nirva recibieron la habilitación del INAES para funcionar como cooperativa. Marcelo evalúa que “el primer logro de la cooperativa fue empezar a producir, juntando manguito por manguito para arreglar una máquina primero, otra después, porque estaba todo parado desde hacía años”. Así, de a poco, los trabajadores y las trabajadoras fueron poniendo a punto una empresa que los dueños habían fundido escandalosamente. Quizás no esté de más contar el tamaño del daño que hicieron los empresarios que ahora reclaman a la Justicia la devolución de La Nirva.
Chocar la calesita
En marzo de 2017, los dueños originales de la empresa le vendieron la compañía al Grupo Blend, cuyo titular es Matías Pérez Paradiso, por siete millones de dólares. Los fundadores habían armado un negocio memorable a caballo del producto estrella Alfajor Grandote, que compite en el segmento de alfajores con Guaymallén. Luego de más de treinta años de funcionamiento, la coyuntura macrista los había puesto contra las cuerdas y se vieron forzados a vender. Según el contrato que puede consultarse en el expediente, la suma pactada se haría efectiva en siete cuotas. Hoy se sabe que el grupo Blend pagó solo una cuota.
Los nuevos dueños se reunieron con los trabajadores y prometieron inversiones y mejoras que, pocos meses después de cerrada la operación, quedaba en evidencia que no se iban a producir. Empezaron los pagos retrasados, los cheques sin fondo, la planta se caía a pedazos, se vendían máquinas y no se reponía ni un repuesto. Daniel Martín era por entonces gerente de RRHH (hoy es miembro de la cooperativa) y recuerda: “Como dejaron de pagar servicios, al poco tiempo la planta estaba sin luz y sin gas, nos alumbrábamos con una linterna lo poco que se pagaba, y me mandaban a buscar plata a reductos indescriptibles, a los que yo les pedía a los delegados que me acompañaran”. Fue un abandono que cuesta imaginarlo como efecto de un mal manejo financiero. En poco tiempo, la situación se volvió catastrófica con proveedores y clientes y la empresa entró en concurso.
Pasando en limpio: los responsables del grupo Blend presionan y manipulan a la Justicia para recuperar una empresa que compraron por siete millones y pagaron uno, en la cual no invirtieron un peso, a cuyos trabajadores bicicletearon durante meses en el pago de salarios y estafaron con cheques sin fondos, y a cuyos dueños metieron en el concurso y también estafaron, Una empresa que acumuló una deuda del 260% antes de ir a concurso.
“Dejaron de pagar servicios, al poco tiempo la planta estaba sin luz y sin gas, nos alumbrábamos con una linterna. Y encima nos mandaban a buscar plata a reductos indescriptibles”
Daniel Martín, ex gerente de RR.HH, actual socio de la cooperativa
Muy Recuperada
Los trabajadores tienen en este momento dos frentes judiciales. Por un lado esta la instancia penal, que se está tramitando en el Juzgado penal de Garantías 5 de La Matanza y en la UFI 1 de La Matanza y por otro el concurso preventivo. En el juzgado penal sostienen que es un conflicto comercial y desde el principio se intentó una conciliación. A principios de diciembre comenzó una etapa de negociación en la que la empresa le proponía a los trabajadores pagarles una suma muy por debajo de lo que adeudaba por los salarios caídos y continuidad laboral. Cuando formalizó la propuesta ante la fiscalía, solo ofreció algo de plata y no habló de puestos de trabajo.
Pero el truco está en la instancia comercial, en el concurso preventivo. Allí los empresarios le mintieron al juez D’Alessandro y le dijeron que habían ofrecido el 100% de la deuda y que los trabajadores no aceptaron. Y D’Alessandro “eligió” creerles sin chequear ninguno de los dichos de Perez Paradiso ni con los trabajadores ni con el tribunal penal.
D’Alessandro es un juez con una trayectoria en la que siempre se muestra más sensible a las propuestas de los patrones que a las de los trabajadores. En este caso, no solo propició el desalojo un 30 de diciembre, contra todo sentido humanitario, sino que además desoye cientos de denuncias de los acreedores de la empresa y le da crédito al insólito plan de trabajo que propone el grupo Blend para La Nirva en el que no se dice siquiera cuantos empleados va a tener.
Si el magistrado se tomara la molestia de observar el Plan de Trabajo de la cooperativa (a cuyos integrantes llama intrusos) vería que consta en la Sindicatura el perfecto estado de la maquinaria y las instalaciones y el ambicioso proyecto para 2022. Un acuerdo con la mayor cooperativa de consumo del país, La Obrera, les permitió aumentar la producción y lanzarse a nuevos negocios: “la Obrera nos pidió una cantidad enorme de Pan Dulce para fin de año, que por suerte pudimos cumplir en tiempo y forma a pesar de que era la primera vez que lo hacíamos”, dice Marcelo. Además, está en trámite un pedido de Aportes No Reembolsables (ANR) del programa REDECO del Ministerio de Desarrollo Productivo de casi 30 millones de pesos para inversión en maquinaria y materia prima para los nuevos proyectos. Dentro del Plan de Trabajo, también está muy avanzada la negociación para la exportación de los productos cooperativos a Paraguay. “Además conseguimos un inversor que compró una máquina para elaborar galletitas con el cual vamos a entrar en 2022 en el mercado de las galletitas saludables, y tenemos un acuerdo con una cooperativa de La Plata para la utilización de harina de cebada” dice Martin. Dentro del programa que consta en la Sindicatura, La Nirva planea elaborar también barritas de cereal y empaquetar mix de cereales.
Entre un “dibujo” inverosímil elaborado por unos empresarios que estafaron a medio mundo y el plan consistente de crecimiento de una cooperativa apoyada por el Estado, que tiene el compromiso de continuidad firmado por sus principales clientes que logró realmente recuperar la empresa en el sentido de ponerla a producir nuevamente, el juez “eligió” el primero y dicta un 30 de diciembre un desalojo a los apurones.
Se abre ahora una etapa en la que la cartas estarán sobre la mesa. Al aceptar la jueza la apelación de la medida navideña de D’Alessandro, los trabajadores ganaron tiempo. Es quizás el momento de que las organizaciones de la comunidad tomen en sus manos la defensa de una empresa de la economía de los trabajadores y las trabajadoras.
