1200 millones para las recuperadas
Mediante una resolución firmada por el ministro Matías Kulfas, el ministerio de Desarrollo Productivo amplió los fondos del programa destinado a financiar proyectos de empresas recuperadas de 500 a 1200 millones de pesos.
El Ministerio de Desarrollo Productivo lanzó en octubre del 2021 el programa de Reactivación y Desarrollo Productivo Cooperativo (REDECO) destinado específicamente a Empresas Recuperadas por sus Trabajadores. La convocatoria original tenía un presupuesto de 280 millones de pesos, que posteriormente se convirtieron en 500. Ahora, ya presentados y evaluados a través del INAES más de 80 proyectos, el ministro Matías Kulfas firmó una resolución en que vuelve a ampliar el fondo a 1200 millones de pesos, lo que permite cubrir un total de 64 proyectos que el INAES consideró factibles de ser financiados.
De los 85 proyectos presentados, 64 quedaron en condiciones de ser aprobados.
En tiempos muy difíciles para la economía nacional, con la puja distributiva con los grandes grupos concentrados, el enorme condicionamiento externo debido a la deuda contraída por el macrismo y la economía mundial en crisis, REDECO es por lo menos una buena noticia para cooperativas que vienen sufriendo las condiciones generales de la economía más la precariedad jurídica y la falta de normativas que contemplen sus particularidades. Más allá del financiamiento propiamente dicho, la señal más contundente es que se avanza en la consideración de las empresas autogestionadas como parte de la economía productiva y se da un primer paso en su inclusión dentro de una estrategia de desarrollo, dando un vuelco al enfoque tradicional en que la “economía social” y el propio cooperativismo son soluciones de emergencia y contención social a sectores vulnerables. La consecuencia de esa mirada hasta ahora predominante es la consolidación de la precariedad, en lugar de utilizar la política pública como palanca para convertir a la autogestión en un actor de nuestro sector productivo, que trabaja y produce con una lógica colectiva y redistributiva de la riqueza. En ese sentido, programas como REDECO son una muestra de que el debate económico no solo pasa por los condicionamientos y la restricción externas, si no por qué hacemos y a qué destinamos los fondos de que dispone el Estado y qué formas productivas y organizaciones laborales deberíamos promover.
Más allá del financiamiento propiamente dicho, la señal más contundente es que se avanza en la consideración de las empresas autogestionadas como parte de la economía productiva
De esta manera, REDECO se convierte en el mayor programa destinado a financiar a las empresas recuperadas, históricamente faltas de una política pública específica y que las considere como un activo productivo y creador de trabajo digno y genuino para sus integrantes. Para dimensionar los montos, el programa destina a las recuperadas prácticamente la mitad del presupuesto vigente del INAES. Si a eso le sumamos los 800 millones del programa también recientemente lanzado para cooperativas de reciclado y economía circular, se trata de una suma aún mayor transferida en forma directa al sector autogestionado de la economía.
En ese sentido, REDECO financia mediante Aportes No Reembolsables (ANR, vale decir, subsidios) a empresas recuperadas constituidas como cooperativas de trabajo, con montos máximos que van de 10 a 40 millones de pesos de acuerdo a una escala por cantidad de trabajadores/as. Estos proyectos están direccionados a determinadas cadenas productivas que incluyen a prácticamente todos los sectores en que existen empresas recuperadas, desde producción alimentaria hasta metalmecánica, pasando por gráfica, medios de comunicación o textil, entre otras. El mecanismo de presentación incluyó la participación del INAES en la recepción de los proyectos, el control de la documentación exigida y su evaluación. Este trabajo arrojó como resultado que de los 85 proyectos presentados, 64 quedaron en condiciones de ser aprobados.
REDECO se convierte en el mayor programa destinado a financiar a las empresas recuperadas, históricamente faltas de una política pública específica y que las considere como un activo productivo y creador de trabajo digno y genuino para sus integrantes.
La resolución de Kulfas ampliando el cupo presupuestario posibilita que todos los proyectos seleccionados puedan ser financiados. El siguiente paso es la aprobación definitiva por el comité del Fondo de Desarrollo Productivo (Fondep), que es de donde surgen los recursos y en el que va a participar ad hoc un representante del INAES y, a partir de ahí, la intervención del BICE Fideicomisos para la transferencia de los ANR con la modalidad de pago directo a proveedores (es decir, es el Estado el que ejecuta el proyecto y recibe los bienes la cooperativa, sea maquinaria, capacitaciones, insumos, etc.). Esto hace que el análisis de tipo financiero recaiga sobre el proveedor y no sobre cooperativas que han sido excluidas del crédito históricamente debido a los mecanismos de exclusión financiera que rigen en las operaciones convencionales. La otra ventaja es que hace la rendición de los proyectos casi automática, en lugar de arrastrarse por meses o años como es habitual en estos casos.
Los próximos proyectos del Ministerio de Desarrollo Productivo en el apoyo a las empresas autogestionadas, una vez en ejecución el programa REDECO, serán hacer lo propio con el de economía circular y comenzar a sentar las bases del REDECO 2, con la idea de ampliar la llegada, corregir algunas dificultades encontradas en el desarrollo de la primera versión, avanzar en proyectos paralelos de capacitación y formación y en la construcción de un Fideicomiso para empresas autogestionadas conformado por el Banco Nación, el BICE, el BAPRO y con participación de Fondep y Fogar, destinado a resolver problemas de propiedad (para salir del círculo vicioso de expropiaciones caídas, inversas y no resueltas que pone en riesgo permanente la estabilidad de las empresas recuperadas) financiando planes de negocios y de desarrollo de cadenas de valor.
Todas estas acciones, tomadas en conjunto, apuntan a fortalecer la producción autogestionada, en particular en los sectores industriales en que predominan los procesos de recuperación por parte de trabajadores y trabajadoras.
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