Mentira la verdad

Tras el brutal desalojo ordenado con prolijidad y obediencia por la justicia, los trabajadores de la Cooperativa Acoplados del Oeste aspiran a su propia capacidad de movilización para llevar a buen puerto las dos vías en que se abre ahora su lucha: la legislativa y la judicial.

“Dicen que quieren volver a abrir la empresa, pero nosotros sabemos que lo que quieren es recuperar el edificio para hacer un negocio inmobiliario”. Jorge Gutiérrez, presidente de la Cooperativa Acoplados del Oeste, no oculta su indignación. Desde que recuperaron la empresa, tras la consabida lucha contra el vaciamiento, los pagos atrasados y el abandono que se repite en cada una de estas luchas, tienen que escuchar la mentira de la empresa Pedro Petinari e Hijos: “…una vez que la justicia actúe como corresponde, volverá a producir y a dar trabajo en la comunidad como lo viene haciendo desde hace más de medio siglo”, dice una solicitada que sacaron en 2016. Con total impunidad, la firma que se autodefine como “una empresa nacional y familiar” acumuló con los trabajadores una deuda de $60 millones. “Si quisieran reabrir la fábrica tendrían que arreglar algo con nosotros”, dice Gutiérrez con una lógica tan irrefutable que hasta da un poco de vergüenza.
Pero debería tener vergüenza la Justicia, que simula creer la mentira de la reapertura. Vergüenza da la gobernadora María Eugenia Vidal, que veta la expropiación que había sido votada por unanimidad en el parlamento bonaerense. Vergüenza da todo el sistema político que no le puso ni una multa a la empresa que acumuló también deudas con la AFIP y con todos sus proveedores.
La solicitada decía también “Bajo el falso ropaje de un inexistente conflicto laboral, los usurpadores devenidos en cooperativistas confunden a la opinión pública, refiriéndose falsamente a esta Sociedad como “ex Petinari” y asignándole imaginarios procesos de quiebra absolutamente carentes de fundamento, con el único propósito de apropiarse indebida e ilegalmente de los bienes de la Empresa”.
¿Puede un juez creer que los trabajadores monten semejante operación para “apropiarse indebidamente de la empresa”?
El juez de Morón Ricardo Fraga, sí.
El magistrado, que fue conocido 20 años atrás por ordenar la detención del entonces intendente Juan Carlos Rousselot por “malversación de fondos públicos”, mostró, en esta ocasión, celeridad y sentido de la oportunidad al desalojar a los trabajadores: la orden enviada a la policía dice “…a fin de comunicarle que en la fecha 3 de marzo de 2017 a partir de las 6.00 hs. AM deberá efectivizar el lanzamiento ordenado en fecha 05 de mayo de 2016 en estos obrados respecto de los actuales ocupantes del INMUEBLE sito en la calle Ricardo Balbín 2951 de la localidad y partido de Merlo y la RESTITUCIÓN DE LA POSESIÓN a Ricardo Héctor Gregori en nombre y representación de la firma Pedro Petinari e Hijos SRL”.
El rol del SMATA, en cambio, fue bastante menos cándido. El secretario general del gremio de los mecánicos, Ricardo Pignanelli, se encargó personalmente de comunicarle a Gutiérrez -por entonces delegado de la fábrica- que la empresa cerraba y no abriría más.
Los únicos que no le creyeron a Petinari fueron los clientes y los proveedores, que al ver la famosa solicitada se acercaron a los trabajadores para llevarle pedidos que no le llevarían a “la empresa nacional y familiar”. “Nos vino bárbaro la solicitada, nos trajo trabajo porque los clientes pensaban que la fábrica estaba cerrada. Nosotros le merecíamos más confianza”, cuentan los trabajadores en el acampe que sostienen desde el 3 de marzo en la puerta de la planta, custodiada por la policía.

Tras el desalojo, los trabajadores siguen la lucha. Al cierre de esta edición de Autogestión, las vías de acción son dos. Por un lado, la vía parlamentaria: aspiran a que las dos Cámaras de la provincia de Buenos Aires rechacen el veto del Ejecutivo. Para eso se necesitan dos tercios de los legisladores. El Frente para la Victoria ya adelantó su apoyo a la propuesta de los trabajadores de ADO, al igual que el Frente de Izquierda. La gran incógnita está en qué posición tomará el masista Frente Renovador y los peronismos desarticulados o “disidentes”.
Yendo a los números, en Diputados, Cambiemos tiene 29 bancas, el Frente Renovador 19 y el FPV,17. Hay 21 votos de las distintas vertientes del peronismo no necesariamente encolumnado tras el kirchnerismo, 4 del GEN (que se dicen progresistas y son aliados de Cambiemos) y 1 del Frente de Izquierda.
En la Cámara de Senadores, Cambiemos tiene 16, el Frente Renovador tiene 9 y el Frente para la Victoria, 8. Hay otros 11 votos peronistas disidentes y un senador del GEN.

La otra vía de resolución es la legal. La justicia tiene plazo hasta el 12 de mayo para decretar la quiebra. En ese caso, los trabajadores tienen un escenario bastante favorable: son el principal acreedor de la empresa y tienen, a su favor, a buena parte de los clientes, lo que permitiría darle continuidad a la Cooperativa Acoplados del Oeste.
Claro que no da lo mismo tener la continuidad afuera que adentro de la planta. Pero, por el momento, nada está cerrado. El acampe en la puerta de la planta se sobrelleva con una combinación de paciencia oriental y descomunal aguante. Es el tercer desalojo que resisten y, a esta altura, ya aprendieron que la justicia del planteo está acompañada por la solidaridad de miles de trabajadores de otras recuperadas y de los vecinos de la zona.