Las empresas recuperadas después de dos años de nuevo neoliberalismo

*Por Andrés Ruggeri

Al igual que al resto de la economía productiva y destinada mayoritariamente al mercado interno, a las empresas recuperadas por los trabajadores (ERT) no les va bien desde diciembre de 2015. Como revelan los datos de los informes sobre las empresas recuperadas desde la asunción del gobierno actual elaborados por el Programa Facultad abierta de la UBA, las cerca de 370 ERT del país están siendo afectadas profundamente, tanto por las consecuencias de la política económica general como por decisiones particulares de distintas instancias de gobierno que las tienen como blanco.

Es difícil enumerar las medidas impopulares de un gobierno como el de Mauricio Macri. Son tantas y tan diversas que parecen inabarcables. El debilitamiento de la clase trabajadora es un objetivo crucial para el gobierno, no solo con el objetivo de la “baja de los costos laborales”, sino para evitar la resistencia al conjunto de las medidas que exige el programa neoliberal. La reforma laboral que busca la precarización y la “flexibilización” con la complicidad de parte de la CGT, la ofensiva del Ministerio de Trabajo para quitarle personería a los sindicatos con simple inscripción gremial porque, según el propio presidente, “sobran sindicatos”, la reforma previsional, son políticas que afectan al conjunto de los trabajadores. Esto incluye también a los autogestionados, porque la baja de las condiciones de vida y la precarización de los asalariados afectan el conjunto de la actividad económica e influyen sobre la producción de las cooperativas de trabajo. A este panorama se suma el impacto directo sobre las cooperativas de la combinación de la caída del consumo (estrechamente relacionado con lo anterior), la apertura de importaciones (que configuran un panorama muy parecido a los 90), el abaratamiento del tipo de cambio que encarece la producción nacional y la pone en desventaja con esas importaciones, que se conjugan con los brutales tarifazos que multiplican los costos de la producción y vuelven casi imposible enfrentar las nuevas condiciones macroeconómicas. Aunque las empresas recuperadas surgen para preservar el trabajo en condiciones críticas, esta situación las enfrenta a un contexto que por lo general habían superado durante la recuperación y expansión de la economía del período precedente.

 

Las consecuencias de la política económica de Cambiemos

El impacto del aumento de tarifas es enorme porque se lleva gran parte o la totalidad de la rentabilidad de las cooperativas en momentos de contracción del mercado interno y fuerte competencia de las importaciones. Esto se ve en números: de una muestra de 73 ERT, el 80% experimentó bajas de producción y un 12% directamente está sin producir. Por supuesto, no es solo el alza de tarifas la que provoca esta situación. La apertura indiscriminada de importaciones afectó la producción en casi todos los sectores, especialmente los industriales como textiles, cerámicos, metalúrgico, curtiembre, gráfica, cristal, etc. La baja del consumo, a prácticamente todos los demás.

Esto tiene impacto directo sobre el ingreso y las condiciones de vida de los trabajadores y, por lo tanto, sobre la propia existencia de las recuperadas. La razón de ser de las empresas recuperadas es el trabajo (aunque La Nación crea que el objetivo es espantar a los inversores y apoderarse de la propiedad privada[1]) y asegurarlo es el piso mínimo sobre el cual se sostiene toda experiencia de autogestión económica y laboral. Esto se traduce en la disminución de los ingresos de los trabajadores. Sobre 73 ERT encuestadas, los montos netos de los retiros (el equivalente cooperativo del salario individual de cada trabajador) bajaron en un 42% de los casos, se mantuvieron igual en un 32% y subieron en solo un 15%. Se trata de valores nominales, lo que implica que, en realidad, en todos los casos (incluyendo los que subieron, porque se trata de aumentos que no superan la inflación) hay una baja del poder adquisitivo de los retiros, que perdieron ampliamente la carrera con el aumento de los costos de vida (que subieron un acumulado de cerca del 65%). La mayoría de las ERT encuestadas atribuyen a las condiciones macroeconómicas y la política del gobierno las causas de estos problemas, y solo un pequeño número a sus problemas internos.

El dato más preocupante es la pérdida de puestos de trabajo. Hasta diciembre de 2015, el panorama era de expansión, tanto en número de empresas como de trabajadores.En 2017, empezamos a constatar disminución en los números totales de trabajadores ocupados por las ERT: de los casi 16.000 trabajadores que había a principios de 2016, hoy tenemos una disminución absoluta de más de 500 puestos de trabajo, a pesar de existir nuevas recuperaciones, y un total de 1400 menos comparando solo las existentes hasta 2015.

Este es, por ejemplo, el caso de la ex Zanón, Fasinpat, que acusa una disminución de casi el 50% de sus trabajadores, producto de una combinación de factores que terminó de estallar con el enorme tarifazo del que son objeto y la parálisis de la construcción, lo que acabó de poner en relieve el problema de obsolescencia tecnológica que venían arrastrando y que no lograron solucionar por la falta de crédito y apoyos estatales.

Esta caída del empleo en las ERT no hay que verla, empero, de la misma manera que en las empresas privadas, porque en ningún caso significa una “ola de despidos”. En las empresas autogestionadas, la forma de enfrentar estas situaciones es la baja colectiva de retiros en lugar del despido de trabajadores. De esta forma, se afronta la situación priorizando la fuente de trabajo sobre el ingreso. Sin embargo, en algunos casos esa situación, producto de la caída abrupta de la producción, provocó una disminución tal de los salarios que muchos trabajadores se van de la empresa en búsqueda de mayores ingresos. Las ERT todavía pueden mantenerse en pie, pero la baja de la actividad provoca pérdida de puestos de trabajo por un goteo cada vez más intenso.

 

Represión a la orden del día

Hubo algunos episodios represivos contra los trabajadores que obtuvieron gran repercusión, como el desalojo de la planta de Pepsico, cerrada en forma unilateral y ocupada por los trabajadores. Se trató de una represión con abundancia de efectivos y recursos, incluso con voluntad de ser televisada. Un par de meses antes, también había sido desalojada la planta de Artes Gráficas Rioplatense, perteneciente al grupo Clarín. Dos casos de dos grandes corporaciones con capacidad de disciplinar al Estado alrededor de sus intereses inmediatos. Entre ambas, hubo un despliegue represivo que hacía tiempo no se veía en el país, alrededor de algunos conflictos y manifestaciones. Al cierre de esta edición, en la provincia de Neuquén se desalojó brutalmente la fábnrica MAM, ocupada desde hacía cinco meses para preservar las fuentes de trabajo, hiriendo a varios obreros y obreras e incluso al dirigente histórico de la ex Zanon, el diputado provincial del FIT Raúl Godoy.

En otros casos de cierre, la escena repetida fue la presencia de cordones policiales intentando impedir la toma, con éxito por lo general, como en la planta de Atanor en la zona norte del Gran Buenos Aires, por poner otro caso de una gran fábrica, o en un comercio gastronómico en el microcentro, donde un cordón policial puso una especie de asedio a los trabajadores que habían ocupado el bar: los que estaban adentro no podían salir y los de afuera no podían entrar. También se vio el acompañamiento de la policía a la patronal de la textil Globito, aunque en este caso los trabajadores se movieron rápido y forzaron una negociación que terminó llevando, a la postre, a la recuperación. Es evidente que el gobierno intenta anticipar tomas y desalojarlas si no pueden hacerlo, para evitar que los trabajadores puedan tener posibilidades de ir hacia una recuperación y debilitar sus posiciones de fuerza para negociar con patronales y jueces.

El caso más flagrante de persecución y represión se dio contra la cooperativa Acoplados del Oeste, ex Petinari, que, tras el veto de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal a la ley de expropiación (votada incluso por su propio partido), fueron violentamente desalojados en marzo de 2017 por un desproporcionado y gigantesco operativo de 600 policías. Los trabajadores, que acamparon en la puerta de la fábrica, están sometidos desde ese entonces a todo tipo de presiones: desde amenazas explícitas hasta un insólito allanamiento en las casas de cuatro de los cinco integrantes del consejo de la cooperativa, en horario nocturno y buscando en las casas de las familias obreras maquinaria pesada, supuestamente robada mientras los trabajadores estaban en posesión de la planta. Este caso muestra una nueva variante represiva, que lleva la agresión del Estado hasta las propias casas de los trabajadores y sus familias.

La encuesta muestra un aumento de las operaciones judiciales contra los trabajadores: 7 casos sobre 73 tienen orden de desalojo, y en 17 casos más, otro tipo de denuncias, en su gran mayoría de tipo penal, es decir, no conectadas ni con lo laboral ni con lo comercial, que son los ámbitos en que se deberían resolver los conflictos. Estas denuncias son por usurpación en la mitad de los casos, y en el resto una variedad de motivos entre los que se encuentran amenazas, robos, daños, etc. Casi el 60% de las denuncias son contra integrantes de las cooperativas a título individual, llevando la presión sobre los trabajadores en forma personalizada.

 

A pesar de todo, se recupera

Estos esfuerzos del gobierno por quebrar en forma económica, política o por la fuerza a las ERT, de acuerdo a los casos, intentan frenar un fenómeno que es, en gran parte, una de las consecuencias de su propia política. Es bastante difícil provocar el cierre de miles de empresas y, al mismo tiempo, evitar que por lo menos un grupo de estas se convierta en empresas recuperadas. En la práctica, aunque en muchas empresas que cierran la recuperación no ha sido posible, por las razones mencionadas y las propias de cada caso, los trabajadores argentinos siguen recuperando empresas. El seguimiento que hemos realizado arroja un total de 25 nuevas ERT en lo que va del gobierno de Macri. En varios casos, se trató de ocupaciones que llegaron a buen puerto y, en algunos otros, de negociaciones directas con dueños o acreedores, lo que posibilitó evitar las contramedidas adoptadas por el gobierno y que hemos detallado. Los sectores de mayor impacto son textiles, gastronomía, medios de comunicación, gráfica y alimentos, en empresas de mediano o pequeño porte. Se trata además de casos en que la lucha por los establecimientos no es determinante y se pudo eludir el conflicto más fuerte por la propiedad, al poder negociar maquinaria, alquilar otros galpones o simplemente no depender del lugar físico (como suele pasar en medios de comunicación). En el interior, hay varios casos en proceso que cuentan con apoyo de algunos gobiernos provinciales, como en San Luis y, con menos contundencia, en La Rioja, así como en algunos municipios.

Para las ERT ya existentes, las políticas activas de apoyo estatal se han reducido en gran medida a algunos gobiernos provinciales. Además de los mencionados, donde no hay demasiados casos preexistentes, el gobierno de Santa Fe se ha mostrado activo en el sostenimiento de las empresas recuperadas. El gobierno nacional, en cambio, ha retirado prácticamente todos los programas y subsidios, persistiendo solamente la línea 1 del programa Trabajo Autogestionado en el Ministerio de Trabajo, que explica el 60% de los apoyos al sector, y que está en transición hacia otra modalidad que es el salrio social complementario (en la órbita de Desarrollo Social). Así y todo, solo el 40% de las ERT consultadas manifestaron haber recibido algún tipo de apoyo estatal (en 2010, ese apoyo llegaba al 85%).

Los vetos sistemáticos se mantienen, con la excepción de la expropiación de la ex Donnelley, actual Madygraf. En la provincia de Buenos Aires, se dieron tres vetos más de la gobernadora Vidal, junto con el más notorio veto a la expropiación del BAUEN.

En síntesis, el panorama se presenta complejo y desfavorable, pero las empresas autogestionadas mantienen su capacidad de enfrentar la crisis a pesar de las enormes dificultades. La autogestión continúa siendo una alternativa al cierre de las empresas y al desempleo. El gobierno lo sabe, y por eso ataca e intenta impedir que surjan y prosperen las empresas recuperadas

[1] Ver editorial del 6 de agosto de 2017, “Anticapitalismo hipócrita”: http://www.lanacion.com.ar/2050452-anticapitalismo-hipocrita

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