DOSSIER | Por un encuentro entre sindicatos y movimientos sociales para una agenda social en Catalunya y el estado español

Por: Embat | Organització Llibertária de Catalunya

El lento retorno a la actividad pone sobre la mesa la necesidad de rediscutir el tipo de economía que necesita España. La apuesta al turismo revela toda su debilidad en un contexto de restricción de la circulación. La gran empresa europea es el principal obstáculo para las reivindicaciones sociales, frente a la que se debe fortalecer al movimiento popular para evitar que el costo se descargue, una vez más, sobre la clase trabajadora.

En Catalunya y en el estado español las clases populares vivieron la situación de cuarentena con bastante resignación e impotencia. Como se dice, un ejemplo claro de «doctrina del Shock». La pandemia ha puesto de relevancia los desastrosos efectos que ha tenido el neoliberalismo en nuestra sociedad, desde millones de personas con una mínima cobertura temiendo por el futuro hasta casos de explotación inhumana como es el de los transportistas de comida (uberEats o Glovo), mensajería, personal de supermercados, limpieza o personal de las residencias de personas mayores. El caso de los sanitarios se conoce más, pero como mínimo tienen reconocimiento público cada día.

En el aspecto de género, queremos destacar la feminización de los trabajos que son considerados esenciales, y que por tanto van a trabajar. Son los empleos más relacionados con los cuidados (sanidad, residencias, etc.), con la atención al público y con la limpieza, que en nuestra sociedad no suelen estar muy valorados. Y por el capital, pues mucho menos.

A nivel laboral, destaca el hecho que el Gobierno mismo ha favorecido el cierre de miles de empresas asumiendo los costes laborales. Es una fórmula que se conoce como Expediente de Regulación Temporal de Empleo. Por este método, las empresas se libran de pagar el salario y lo hará el Estado en su lugar. Sin embargo, el Estado es lento y la situación lo desborda por todas partes y hay numerosas quejas de trabajadores que no han cobrado.

El Estado se ha centrado en ayudar a las empresas más grandes, con lo cual hubo serios problemas para la viabilidad de las empresas más pequeñas, normalmente familiares. Las medidas que se propondrán tienen más que ver con nuevos créditos y deudas, que con una exención de pagos u otras ayudas.

En el estado español hay un paro (desempleo) estructural enorme, el mayor de Europa. Una buena parte de la juventud no tiene empleo (llega al 50% en algunas zonas) y tiene que buscarse la vida en la economía informal, donde confluye con una parte de la inmigración. Como nos podemos imaginar, los sectores más precarios de la sociedad, los más castigados por la pobreza, se ven imposibilitados para realizar cualquier trabajo no regulado por la legislación, que les permitía subsistir.

Seguramente las familias trabajadoras quieren terminar con el confinamiento, en buena medida para poder buscarse la vida y no tener que depender de las ayudas estatales. Pero el sector que más presiona por el desconfinamiento suele ser la derecha neoliberal, en línea con Johnson, Trump o Bolsonaro. Al principio de la crisis, era al revés, se quejaban muy fuerte de que el Gobierno no estaba proponiendo confinar a la población. Y cuando el Gobierno lo hizo, entonces se negaban a ello. De hecho, la ciudad de Madrid, y la región que la rodea, ha sido el foco más grande de infecciones en España. Y esta región está gobernada por la derecha. En todo momento se han negado a que se cerrase esta región y quedase aislada del resto. Pero lograron influir incluso en el Gobierno, que nunca quiso cerrar la región, dejando por tanto cierta libertad para que los contagiados viajasen a otras regiones y extendiesen la epidemia.

La situación es sumamente ridícula cuando se obliga a los trabajadores a ir a su puesto de trabajo, en condiciones peligrosas, sin suficientes medios de protección, compartiendo transporte público con miles de personas, y hay fuertes campañas mediáticas contra el Gobierno por permitir la manifestación del 8 de Marzo o por permitir (desde el día 26 de abril) que los menores de 14 años puedan pasear una hora al día. Vivimos a expensas de los grandes medios de comunicación que instalan una agenda reaccionaria en la población.

Como alternativa, nuestros movimientos deben exigirles a los estados a ser valientes y serios. A exigirle a las empresas contraprestaciones a cambio de ser ayudadas. Estos días ha sido noticia que varios países europeos no ayudarán a las empresas que se lleven sus ganancias a los paraísos fiscales. Pero también podemos exigir nacionalizaciones, municipalizaciones o recuperación de empresas que vayan a quebrar. En estos momentos está sobre la mesa la legitimidad de la sanidad privada. También se ha visto el papel nefasto de los fondos especulativos internacionales en las residencias de ancianos. Hay residencias con un personal totalmente precario, salarios irrisorios, sin protección. El resultado ha sido miles de muertos en toda España, destacando varias residencias privadas. ¿Acaso el Gobierno no va a hacer nada? Otro factor del que se empieza a hablar es la necesidad de tener una industria fuerte en España. Sin industria no tendremos un país soberano, ya que dependeremos del «mercado» internacional, que ya sabemos que implica especulación sistemática o desabastecimiento en el momento crítico.

A nivel macroeconómico. El FMI está haciendo pronósticos desastrosos para España en los que este año el PIB se reducirá un 8%. La economía está sufriendo un descalabro nunca visto antes. Como estamos aún en esta fase de confinamiento, todo lo que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez es intentar calmar los ánimos y dar confianza para el futuro. El Estado ha inyectado enormes cantidades de dinero para evitar el colapso de la banca y de las grandes empresas. También han dado facilidades para despedir temporalmente (con la esperanza de que vuelvan a contratar a quienes despidan), pero ya se sospecha que un 10% de las empresas que han cerrado a título temporal no volverán a reabrir.

España tiene delante suyo una «tormenta perfecta», que es el turismo. Este sector ha sido potenciado por las élites capitalistas españolas y europeas. Europa en algún momento de los años 80 decidió que España tenía que dedicarse al turismo de sol y playa y cerrar la industria nacional, que por entonces estaba obsoleta y daba cuantiosas pérdidas. En lugar de renovarla el Estado se encargó de liquidarla, siguiendo los consejos de Bruselas. Y ahora todo el mundo se está llevando las manos a la cabeza siendo conscientes del desastre que está por venir en este verano de 2020, con el espacio aéreo prácticamente cerrado y con el miedo a viajar en la gran mayoría de familias. El turismo es un sector central para la economía española y por ello vamos a sufrir.

Otro gran sector en crisis es la industria automotriz. Como podemos prever, será poco probable que las familias piensen en comprar un coche este año. Lo mismo ocurre para el sector de la construcción, que es otro de los sectores más importantes de la economía española. Las viviendas están cayendo de precio, y se prevén rebajas de hasta un 40% en algunos territorios. Como podemos ver todo esto implicará nuevos cierres de empresas, despidos y una nueva contracción del gasto privado. Y eso si no acaba por derrumbarse algún gigante bancario, que podría ser.

 

La respuesta

La sociedad se ha adaptado a la situación mucho más rápido que la clase política. En muchos lugares aparecieron espontáneamente talleres para hacer mascarillas o batas, que entregan a los hospitales. En algunas fábricas se produjeron respiradores. Al final, la principal empresa que producirá los respiradores homologados será una cooperativa vasca.

A nivel general, han aparecido muchos grupos de apoyo mutuo para velar por las personas mayores. Se ofrecen a llevarlos a la compra o sacar la basura. Ayudan a quien no tiene recursos o se preocupan de quien no tiene un techo. Hay mucha variedad de grupos.

Los sindicatos están centrándose en dar respuesta a los numerosísimos ERTEs (Expediente de Regulación Temporal de Empleo, autorización oficial para suspender trabajadores o reducir jornadas laborales) y despidos que han tenido lugar. En no pocos casos se han tumbado esos ERTEs por detectar que las empresas no tenían que hacerlos. Las consultas laborales son incesantes y todos los sindicatos van bastante desbordados de trabajo en estos días. Y más si cabe, porque el Gobierno cambia la legislación cada semana y los requerimientos para acogerse a las ayudas también varían.

Los movimientos sociales y sindicatos han puesto en marcha una iniciativa de respuesta llamada Plan de Choque Social, que contrastaba con el plan de choque del gobierno, que consiste en dar dinero a las empresas. El Plan de Choque Social tiene el objetivo de incidir en el actual gobierno de izquierdas, que se presupone más sensible a las reivindicaciones sociales. Seguramente lo haya conseguido en alguna medida, pero no conocemos lo que ocurre internamente en la coalición gobernante. De todas formas, el planteamiento no es aprobar leyes sino proteger a las personas.

En otro frente, cabría decir que hay en marcha una huelga de alquileres, que participa en la huelga de alquileres internacional. Ha habido unos cuantos miles de familias que han empezado esta huelga en abril dejando de pagar su lugar de residencia. En no pocos casos los caseros han aceptado dejar de cobrar o una rebaja sustancial. Hay que tener en cuenta, que los primeros en dejar de pagar los alquileres han sido las grandes corporaciones.

Las grandes empresas y corporaciones forman un gran lobby de influencia en los gobiernos. En general, se ve una fuerza muy potente en estos sectores que controlan también los medios de comunicación. En estos tiempos han sido muy hostiles hacia el gobierno, cargando sobre la figura de Pablo Iglesias y Podemos, pidiendo en ocasiones su dimisión. La derecha política y la ultraderecha han realizado una oposición de acoso y derribo contra el gobierno en todas sus formas, siendo evidente que existen algunos contactos con los grandes capitalistas que les animan a realizar una oposición destructiva (y para nada «patriótica» como ellos defienden. Al contrario, su patriotismo es de agitar muy fuerte la bandera y tener una cuenta en Suiza). De todas formas, dentro del Gobierno también hay un sector proclive a la gran empresa, encabezado por la ministra de Economía Nadia Calviño, que ha bloqueado diversas medidas sociales propuestas desde Podemos.

En España es de dominio público lo que llamamos «puertas giratorias», que significa que los políticos que gobiernan acaban en los consejos de empresas de grandes corporaciones. Este ha sido el camino de numerosos diputados, ministros y presidentes, que disfrutan de generosos retiros a costa de legislar a favor de la destrucción del tejido público. ¿Está la ministra Nadia Calviño en esta posición? No lo sabemos. Pero los antecedentes (incluso con muchos miembros de su propio partido) apestan.

En el futuro, tenemos que tener una sociedad más organizada. Vemos muy necesario los espacios de encuentro de sindicatos y movimientos para elaborar reivindicaciones y una agenda común de movilizaciones para lograrla. Además tendríamos que hablar sobre qué economía queremos, porque este debate vuelve a rondarnos. Bien, ya conocemos el límite del neoliberalismo, pero habrá que decidir qué lo sustituirá. En nuestro caso el movimiento popular es débil. Tenemos experiencia reciente de grandes movilizaciones, pero en ningún caso se ha logrado una articulación permanente mínimamente sólida. Entendemos que hay inercias (a veces conscientes) dentro de los movimientos que no quieren tener un “pueblo fuerte” y suponen un freno a las iniciativas de construir un movimiento popular autónomo de los principales partidos políticos del país. Nuestro principal reto del futuro será articular este movimiento.

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