Revuelta, plebiscito y perfiles de un proceso destituyente en Chile

Por: Juan Pablo Arrue

Aun enfrentando las complejidades de la pandemia, el plebiscito de octubre registró la mayor participación que haya tenido una elección en la historia de Chile. Con un aplastante 78,27%, se impuso la opción por derogar el texto constitucional neoliberal, optando un 78,99% por que el órgano redactor estuviera compuesto por miembros íntegramente electos para conformar la convención, rechazando la alternativa de integrarlo en un 50% por miembros del congreso. Los resultados diluyen el escenario de polarización que intentaron posicionar los medios hegemónicos y ponen de manifiesto dos consensos: un mandato imperativo de transformación y la exclusión de la clase política del proceso. 

Perfilando un escenario de lucha de clases, la opción “rechazo” sólo resultó mayoritaria en las 3 comunas donde reside la élite político económica, mientras que las comunas de sacrificio aprobaron por cifras en torno al 90%. Ante ello una de sus consignas originarias, “No eran 30 pesos, eran 30 años”, devino en la de “No eran 30 años, eran 3 comunas”.

El decurso de los hechos a partir de octubre sólo ha demostrado la profundidad de la fisura. A contar de marzo de este año, descendió la masividad callejera por la pandemia y se intensificaron las instancias territoriales de ayuda mutua. Las expresiones subversivas retomaron impulso a partir del aniversario de la revuelta. Han proliferado espacios para la reconstrucción del tejido social, instancias para un compartir que va coordinando confluencias entre los caminos de lucha que componen su pluralidad. De estos diálogos emergen ensanchamientos: ¡No son 30 años, son 500 años! La bandera que aparece y permanece en la revuelta es la Wenufoye (‘Canelo del cielo’), la bandera mapuche: no se trata solo del sistema neoliberal, sino de la indignación en contra un Estado genocida; aunque, más ampliamente aún, en contra de una ocupación colonial territorial capitalista y extractivista.

De estos diálogos emergen también claridades y aprendizajes. La revuelta entraña una fuerte impronta reivindicativa feminista, que ciertamente representa la más caudalosa entre las luchas afluentes: la antipatriarcal, que rebasa los miles de años. Esta lucha remite a las formas verticales de poder, y entraña un núcleo autogestionario. La mayor fortaleza de la fractura iniciada en octubre reside en su cuestionamiento de la mediación política misma, de la representación política -inscritas en la médula del ejercicio político patriarcal desde los orígenes de la civilización (Öcalan, A., 2009); o, en otros términos, de la misma forma estado (Hudson J.P., 2010). Desde aquí, ¿tiene sentido la apropiación de un plebiscito por parte del pueblo movilizado si lo que está en juego no es sino un dispositivo propio del instrumental jurídico estatal? Hay un elemento cualitativo que distingue a la revuelta de las movilizaciones anteriores: el empleo de la violencia. En entrevista con Prensa Opal, el Comandante Ramiro expresa que la rebelión de octubre puede representarse como una marea poderosa que arraso con todo y que colocó a los poderes constituidos en pánico. El resultado más significativo del proceso se ubica a nivel subjetivo y corresponde a una suerte de toma de conciencia de la sociedad sobre cómo producir transformaciones. En palabras de Ramiro: “El mundo popular dijo aquí estamos, estamos reconociendo nuestro poder. Y se sintieron fuertes”. La derogación de la constitución responde a un proceso iniciado por un levantamiento violento y de masas que desbordó el sistema de seguridad interno del Estado y que puso en jaque la continuidad del Presidente de la República. Los días previos a la suscripción del “Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución” (14 de noviembre) -por el que varios representantes de la clase política pactaron la derogación de la constitución neoliberal-, fueron caracterizados como la semana de mayor descontrol. Los días 9, 12 (huelga general) y 13 de noviembre registraron, respectivamente, 7, 5 y 19 ataques a cuarteles policiales, y decenas y hasta cientos de policías heridos. El día 13 se producen también ataques a instalaciones del ejército: al regimiento 23º de Copiapó y el ataque regimiento militar de Tejas Verdes, en San Antonio. El colapso del sistema de seguridad del estado queda de manifiesto el día 13, cuando las fuerzas armadas se niegan a volver a salir a las calles, viéndose el presidente obligado a solicitar el reintegro de agentes policiales retirados para hacer frente a una situación de total desborde. Es en esta coyuntura que algunos representantes de partidos se reúnen el día 14, suscribiendo durante la madrugada del 15 un acuerdo por el que convienen la derogación orgánica de la constitución. Así, la caída de este pilar del neoliberalismo es el resultado de un levantamiento que desbordó el instrumental del Estado, figurando la clase política bajo el papel pasivo de quien entrega una ofrenda al volcán. De modo que el plebiscito aparece como parte de un proceso destituyente que lo engloba y que pertenece al levantamiento de octubre. A las 7 de la tarde del 25 de octubre la Plaza de La Dignidad figura absolutamente repleta, a pesar de que ni quiera estaban cerradas las mesas, y probablemente muchas de las y los presentes no habían votado. Celebrábamos a esa hora, más que un resultado, un proceso.

Con todo, ¿cuál es la relevancia de la derogación de la constitución neoliberal? Para su conspirador, la carta del 80 tenía que “neutralizar la agencia política del pueblo”. Su diseño estableció un sistema de vetos de minorías sobre las partes más sensibles de la estructura. El Tribunal Constitucional (TC) opera como guardián de la constitución en casos políticamente significativos. La constitución no establece en forma positiva el modelo de estado subsidiario, pero contiene disposiciones que lo ponen de relieve y que, mediante la elaboración dogmática y el apoyo del TC, de la jurisprudencia y de la esfera político institucional de los partidos, han servido para ir sustantivando lo que la doctrina jurídica neoliberal denominó “Orden Público Económico”, un conjunto de orientaciones que sostienen jurídicamente las operaciones político económicas neoliberales: En los 80´s la privatización de los servicios públicos y la seguridad social, y en la transición -mediante los sistemas de concesiones y los tratados de libre comercio- el aseguramiento de la renta privada nacional, de la estructura financiera y del extractivismo trasnacional.

El plebiscito suprime el blindaje jurídico del modelo y abre un proceso para escribir una constitución sin referencia a la anterior -por eso se habla de “hoja en blanco”. Actualmente existen procesos de articulación para la creación de instancias análogas paralelas -se creó la Asamblea Constituyente Ciudadana, y, por su parte, la mesa de Unidad Social está llamando a una Asamblea Constitucional paralela-, y se consiguió una reforma que estableció que la convención constitucional será paritaria (la primera del mundo). Hasta aquí las buenas noticias.

Ante todo, hay que relevar que el sistema neoliberal en Chile no es sólo un sistema jurídico positivo enquistando en la constitución, sino un complejo aparato multinivel controlado y reproducido desde una élite político económica. La constitución es un pilar de la mayor relevancia para el modelo, pero no es el único; a él se suman otros muy relevantes: el plan laboral, la desnacionalización del cobre, el sistema de salud, el sistema de AFP, entre otros. Frente a esa dificultad estructural subterránea, hemos de empujar como topos (Salazar, G., 2015) un proceso territorial y desde debajo, trenzando las luchas, hacia la profundización del proceso destituyente. 

En lo inmediato podemos apuntar problemas sobre el funcionamiento y composición de la convención. Los acuerdos se adoptarán por 2/3 de las convencionales en ejercicio. Algunos opinan que esto no es tan mala noticia: en el peor de los casos conseguiríamos una Constitución de Mínimos; los elementos que no consigamos incorporar quedarán para el debate parlamentario posterior (que en teoría no estará mediado por vetos de minoría como en la carta del 80). Se ha denunciado la ingenuidad de esta posición: Constitución Mínima implica la transferencia del debate sobre los contenidos constitucionales a los jueces. Habría que apostar por una Constitución de Máximos combinada con una presión popular intensa sobre la convención (Testa, H., Revista De Frente, 2020). Aun así, acorde con la regulación de la convención, el contenido del texto deberá respetar los tratados internacionales, lo que incluye a los de libre comercio.

La elección de los convencionales se realizará bajo el mismo mecanismo que regula la elección de diputados, lo que favorece significativamente a los partidos y perfila un escenario complejo de cara a la consecución de 1/3 de representantes populares con capacidad de vetar los posibles arreglos de los partidos de la transición. Aunque en marzo se consiguió una modificación legal que permite a los independientes formar listas, aún no se permite a estos formar pactos, por lo que los partidos correrán igualmente con ventaja.

No obstante los resultados del plebiscito expresan una vuelta atrás imposible, subsiste la eventualidad de que durante el proceso no se consiga acuerdos sobre contenidos básicos, sin que se contemple alguna solución ante esta eventualidad, por lo que, técnicamente, la persistencia del texto dictatorial se mantendría latente.

 

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