Capitalistas planeros: revanchismo y subsidio a la empresa provada
El anuncio de Macri sobre el Plan Empalme, por el cual se convertirían los planes sociales en puestos de trabajo en el sector privado, no sólo es una nueva operación propagandística del gobierno, sino una medida apenas encubierta de subsidio a los empresarios para la flexibilización laboral.
Por Andrés Ruggeri andres.ruggeri@gmail.com
Con poco para anunciar a los trabajadores después del paro general y los numerosos episodios de represión que le siguieron, un Macri exultante comunicó, el mismísimo 1° de Mayo, la novedad de que no hay “nada más importante (…) que dar trabajo a los argentinos”. En tono más enfático que lo usual en él, anunció que iba a “reconvertir los planes sociales en empleo formal”, ante los aplausos nada tranquilizadores del sindicalista del sector con mayor precariedad y violación de derechos laborales del amplio espectro del movimiento obrero, el Momo Venegas. La nueva versión del salariazo y la revolución productiva fue el “Empalme”, un plan que sonó a música para los oídos del votante medio de Cambiemos, por lo general no muy afecto a la existencia de los programas sociales.
Poco después (ver nota de Galaxia) volvía a hacer un acto propagandístico sobre esta medida visitando una fábrica metalúrgica recuperada, Galaxia. Sin embargo, Galaxia no es un conjunto de beneficiarios de planes sociales, sino una cooperativa de trabajo, surgida de una fábrica quebrada y vaciada por sus dueños en la crisis de 2001. ¿Cuál sería la relación, entonces, con el anuncio de “convertir los planes en puestos de empleo”, dado que se trataba de una cooperativa que brinda trabajo a sus asociados? Si el lector no lo sabe, los trabajadores de Galaxia tampoco. Muy probablemente, tampoco el presidente, a quien los guiones del marketing político llevan por misteriosos lugares. Según los medios, Macri fue a esa empresa a explicar los beneficios del “empalme”, aunque no agregó mucho a lo ya anunciado.
El diario La Nación del 3 de mayo intenta dar sustento al anunciado milagro de la “conversión de los planes en puestos de trabajo”. Así lo afirma en el título del artículo[1], aunque leyendo el contenido, el mecanismo sigue en la oscuridad. De lo que no queda duda, es que cumple con las expectativas de lo más burdo del sentido común de la derecha política y social: “que los vagos de los planes vayan a laburar”. Un deseo revanchista que, a su pesar, coincide con el objetivo de los beneficiarios de los planes sociales, el trabajo. El anuncio de Macri, aplaudido a rabiar por el Momo Venegas, tendría la virtud de satisfacer ambos deseos. Pero apenas avanzamos un poco con la lectura, nos encontramos con algo diferente. Citando el texto del decreto 304/2017, La Nación dice que “los trabajadores afectados por problemáticas de empleo incluidos en programas nacionales implementados por el Ministerio de Trabajo o por el de Desarrollo Social que accedan a un empleo bajo relación de dependencia en el sector privado podrán percibir, o continuar percibiendo, una ayuda económica mensual a cargo del Ministerio de Trabajo”. Es decir, los que tienen planes y consiguen trabajo formal en una empresa privada, conservarán el “beneficio”. Pero, si es así ¿para “convertir el plan en empleo” tienen que ser contratados por una empresa del sector privado? ¿Y quién asegura que eso pase?
Siguiendo con la lectura de La Nación, no aparece otra mención a la supuesta “reconversión”. En realidad, lo que explican, en boca del mismo presidente, es que “las empresas pueden incluir ese plan que paga el Estado dentro de su salario y facilita que se los pueda tomar”. Es decir, el salariazo consiste en que las empresas que toman personas que ya perciben un plan social puedan incluir ese plan como parte del salario. ¿Entonces, para quién es “el plan” y quién es el “beneficiario”, el trabajador o el empresario? Uno podría decir, como el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que el trabajador no pierde el plan y accede a un salario en blanco. Puede ser, pero no es lo que da a entender el discurso oficial: ningún plan social de ningún ministerio se convierte en trabajo formal. Más bien, se incorpora como parte de pago, financiada por el Estado (el tan denostado “gasto público”) al salario que le corresponde pagar al empresario. Una de las típicas políticas de “incentivo al empleo” que a los neoliberales les gusta: se beneficia al empleador con facilidades para que le resulte más barato contratar personal. Sin embargo, el efecto suele ser el contrario al aumento de los niveles de empleo.
Los verdaderos beneficiarios
Si dejamos la propaganda oficial y sus medios amigos y vamos directo al texto del decreto 304/2017, promulgado el 2 de mayo, nos encontramos con más sorpresas. La primera es que la “reconversión” que plantea el decreto es, en realidad, la ampliación de un programa que ya existía desde el año 2008, el Programa de Inserción Laboral. Este programa, básicamente, planteaba lo mismo que se presentó como una novedad, aunque nunca se intentó hacer pasar como la “reconversión de los planes en puestos de trabajo”. Al contrario, se trataba de una “ayuda económica mensual” pagada por el Estado a los empresarios que incorporaban trabajadores, que podía ser tomada como parte de la remuneración del empleado. Lo mismo, pero sin bambolla, y sin grandes resultados tampoco. Entonces, queda a la vista la primera falacia: el anuncio histórico consiste en proclamar (una vez más) algo ya existente.
Hay, sí, un cambio en la duración de la “ayuda”, que pasa a extenderse hasta dos años, siempre y cuando no se extinga la relación laboral. O sea, la “reconversión” en realidad es un plan que se prolonga dos años como parte del salario pagado por el Estado para desempeñar tareas en el sector privado, sujeta a la voluntad del empleador de seguir contratando al “beneficiario”. Más claro, el subsidio dura mientras haya empleo, se extingue en caso de despido. Y ni el Estado ni nadie influye sobre cuánto persiste el empleo, sólo la voluntad del empleador. Segunda decepción: el empleo “reconvertido” dura mientras dure, sin ningún tipo de estabilidad, por lo que los “planeros reconvertidos” que pierdan el trabajo en un país que destruye empleos de a miles todos los meses, se quedan además sin el plan social.
El artículo 1 del decreto dice que los trabajadores que accedan a un empleo en relación de dependencia en el sector privado “podrán percibir, o continuar percibiendo” el plan. Tercera falacia, el decreto parece apuntar más a nuevos empleos que a los que perciben planes sociales. No obliga, pero tampoco implementa mecanismos de promoción ni impulsa por ningún medio, a que el empleador contrate a los que ya tienen planes. Suena más bien a incentivo para el empleo basura, en el que las patronales contratan barato, porque una parte del salario la paga el Estado abobado, y sin garantía de estabilidad. Por las dudas, el artículo 2 reafirma taxativamente que la ayuda “durante la nueva relación laboral” es un subsidio al empleo y podrá ser “contabilizado por los empleadores como parte de su remuneración laboral neta”.
Los artículos siguientes repiten lo anterior, y dejan aún más claro que los empleadores que se quieran acoger a este programa se deben inscribir en un registro en el Ministerio de Trabajo y “solicitar la incorporación al mismo de las trabajadoras y trabajadores que contraten (…) si se trata de una nueva relación laboral, o de la regularización de una preexistente”. Cuarta estafa: se trata de un viejo lugar común de la política neoliberal, se subsidia a los empresarios que tienen trabajadores en negro para que los registren (“regularicen”). Este artículo denomina claramente al empresario “el beneficiario” (es decir, el beneficiario no es el trabajador como en los planes “no reconvertidos”). El último punto sólo delimita que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Trabajo, que absorberá a los demás programas nacionales.
Está claro que se trata de un subsidio a las patronales para la contratación barata de mano de obra. Va en línea con la obsesión del gobierno de los CEOsde bajar los “costos laborales”; es una más de las acciones para disminuir los salarios, que paga en parte el Estado abobado por el macrismo y, simultáneamente, aumentar la precariedad. Un plan social no es una solución al problema de la falta de trabajo y acarrea todas las estigmatizaciones que enervan a una parte de la sociedad, en general la que continúa apoyando a este gobierno. En el denigrado desprecio al “planero” se juntan muchas cosas:el prejuicio de clase y de raza (“los negros que no quieren laburar”), el “gasto público” injustificado e innecesario en gente que “no trabaja” (aunque tengan contraprestaciones o hayan formado cooperativas), la idea de que el “progreso” social es fruto del esfuerzo individual sin relación con las políticas económicas, en fin, la ideología de clase. El gobierno intenta aprovechar esto vendiendo, como es norma, gato por liebre, ofrendando un presente al odio (“por fin los vagos planeros van a ir a laburar”; “reconvertimos los planes en empleo formal”) que, en realidad, no se condice en lo más mínimo con la medida real.
El plan “empalme” no empalma planes con empleo, no hay ni una sola línea que diga de qué manera se van a “reconvertir” los planes. Tampoco, es cierto, implica eliminación de planes (son perfectamente conscientes del costo político y la conflictividad social que desataría, después de un final de año esforzándose por apaciguarla). Es fácil imaginar el uso del mecanismo en caso de conflictos laborales, plantas que cierran argumentando que se pagan demasiados salarios (nunca se plantea que el capitalista se lleva demasiada ganancia) que no pueden afrontar y el Ministerio de Trabajo ofreciendo como salida bajar los salarios a través del “empalme”. Flexibilización y precarización laboral pura y dura.
Simplemente, en lugar de la “reconversión de los planes en empleo”, el programa es para subsidiar el costo laboral de los empresarios, los verdaderos y auténticos beneficiarios del plan. Unos auténticos capitalistas planeros.
[1] “Oficializaron el proyecto para reconvertir planes sociales en empleo formal”, LN, 3/5/17.
