Coyuntura: LA AUTOGESTIÓN EN TIEMPOS DE GLOBOS AMARILLOS
La regresión neoliberal lleva casi un año. Si el gobierno no desmanteló absolutamente todo el sistema de financiación de la Economía Social no fue porque no quisiera, sino porque no pudo. El límite al ajuste es y seguirá siendo la resistencia de los ajustados. Sólo la fuerza del descontento motivó la aparición de cierta interna en el Gobierno entre los que creen que hay que desmantelar el Estado ya y los autodenominados “gradualistas”, que están dispuestos a simular un diálogo para terminar aplicando, más tarde o más temprano, el ajuste que les reclaman desde los sectores más concentrados de la economía. Pero más allá de la velocidad con que se hagan, el programa del gobierno incluye profundizar los despidos masivos, la desfinanciación de programas sociales, la disminución de los salarios y la consecuente baja del consumo interno y la apertura de las importaciones en forma indiscriminada.
Ante este escenario, los trabajadores de la autogestión, cuya actividad económica está mayoritariamente orientada al mercado interno, reciben el impacto del retiro o congelamiento de la mayor parte de las políticas públicas destinadas al sector, lo que pone en riesgo a las organizaciones que venían creciendo y trabajando a partir de demandas del Estado.
Es curiosa la popularidad que adquiere repentinamente el discurso de la eficiencia, la productividad y la viabilidad en personas de todas las clases y sectores sociales. Es un discurso que recuerda tristemente al consenso que había logrado el menemismo alrededor de la privatización de todo lo privatizable. Si no es eficiente y viable, si no alcanza niveles de productividad, entonces deberán reconvertirse, como señaló entre otros el propio Ministro de Trabajo Jorge Triaca (h). Desde los prejuicios de los neoliberales, reconversión es igual a cierre, un eufemismo en el que opera la idea base de que el trabajo autogestionado, por naturaleza, no es eficiente y está condenado a la desaparición de no existir un Estado sobreprotector que lo sostenga con una catarata de subsidios. Dicho de otra manera, la doctrina que este gobierno interpreta supone soltarles la mano a los sectores de la economía popular, solidaria y autogestionada para que el mercado haga su tarea de “eficientización”. Quienes sepan adaptarse a la competencia, sobrevivirán. Y seguramente van a ser muy pocos. Como diría Ringo Bonavena, le sacan el banquito del Estado para que reciban las piñas del mercado.
Pero esto no es porque las empresas del sector sean ineficientes. Es porque la lógica del mercado (la lógica con que este gobierno hace intervenir al Estado) es la concentración de las ganancias y del poder en la cúpula de la pirámide social. La libertad del más grande para comerse al más chico. Y ya están los grandes, las empresas multinacionales, afilando los cuchillos para repartirse ese sector del mercado al que atienden las empresas pequeñas, sean cooperativas, autogestionadas o simplemente PyMEs.
El aumento de tarifas no es un globo
El episodio del tarifazo condensa en unas pocas semanas lo que puede esperarse de los cuatro años de gestión macrista. Ni el gobierno anterior ni éste les exigieron jamás a las grandes empresas energéticas que expliquen cuánto cuesta producir la energía. Pero el anterior los subsidiaba con sumas millonarias y éste decide retirar esos subsidios porque era demasiado “intervencionista” y, a cambio, impulsan el aumento de las tarifas. La enorme movilización popular contra el tarifazo, el descontento social que rápidamente se percibió y la acción judicial de algunas organizaciones de la Sociedad Civil obligaron a simular el diálogo en la Audiencia Pública (en la que sólo estaba en discusión el costo de distribución del gas, nunca el de su elaboración) y a disminuir los niveles de aumento del 1000 al 200% (aunque la cifra definitiva está por verse).
Pero este episodio no es solo una muestra de falta de tacto político del sector más “gurka” del establishment. Tiene un papel fundamental para acelerar el plan de reconversión de la estructura socioeconómica porque pone en riesgo de quiebra más o menos inmediata a gran cantidad de Pymes y cooperativas que forman parte del tejido industrial que sostiene el mercado interno y gran parte del mercado laboral.
No es menor el hecho de que hayan sido cooperativas y empresas recuperadas las que permitieron antes que nadie que tomaran estado público las dimensiones del tarifazo. Las empresas autogestionadas sacan a la luz los números que los empresarios habitualmente ocultan a través de su poder de lobby.
¿Qué podemos esperar de este gobierno los trabajadores del sector autogestionado?
Si bien la política del kirchnerismo hacia el sector fue contradictoria, la del macrismo es agresiva y se la puede caracterizar por el cierre y la paralización total o parcial de programas estatales.
Uno de los reclamos históricos del sector hacia el Estado fue la compra de bienes y servicios a las cooperativas. El gobierno anterior instrumentó la formación de cooperativas a través del Programa Argentina Trabaja y también comprando a cooperativas textiles, de alimentos y de construcción, principalmente. El gobierno macrista cortó muchos de estos pedidos pero tuvo que mantener otros frente a las protestas.
La CNCT y otras organizaciones reclaman la sanción de una ley de compre cooperativo que dé prioridad a las cooperativas en las compras del Estado. Esto paliaría el retroceso en el mercado en caso de aprobarse.
El Ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, anunció semanas atrás la intención del gobierno de replicar la ley de góndolas del Ecuador (ver en este número la entrevista con Pedro Páez), pero nada dice de incorporar al sector de la economía popular y solidaria como es el objetivo específico de la ley ecuatoriana.
A esto se suma la política rectora del Programa denominado de “sinceramiento” que consiste básicamente, en permitir que las empresas que no resistan la apertura de las importaciones desaparezcan. “En toda economía existen empresas que mueren y empresas que nacen”, dijo, al respecto, el ministro Triaca. Y no era una humorada: bajo su gestiòn, el Ministerio de Trabajo sólo otorgó el 12,5% por ciento de los pedidos de empresas para ingresar al Programa de Recuperación Productiva (Repro) por la crisis. Apenas 23 firmas fueron aceptadas en ese plan oficial que paga una porción del salario de los trabajadores.
En mayo de 2016, el Programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA realizó un Estado de Situación del que surge que, en los últimos seis años, las recuperaciones de empresas por parte de sus trabajadores mantuvieron un ritmo sostenido que, si bien estuvo lejos de tener la masividad del período 2001-2003, se aproximó a un promedio anual de unos 15 casos por año.
De ese mismo informe, surge, tambièn que en marzo de 2016, existían en la Argentina 367 empresas recuperadas, que ocupaban a 15.948 trabajadores y trabajadoras
La reacción del sector fue el reclamo a través de diversas manifestaciones que consiguieron reactivar parcialmente la línea 1 del Programa TrabajoAutogestionado (MTSS) y algunos pedidos productivos a cooperativas.
Emprendedores sí, Trabajadores no
Para el gobierno, la política social es básicamente el fomento del emprendedorismo. Les encanta esa palabra, que en-
cierra la idea de que cada individuo sea una empresa. Esa idea, entendida como la más clásica variante neoliberal de contención social prefiere formar “emprendedores” en lugar de organizaciones colectivas de trabajadores. Es evidente que lo que molesta es el potencial de organización social y política que tiene el trabajo autogestionado. Con los microempresarios no se negocia salarios de manera colectiva, sino tarifas individuales. La racionalidad económica individual incita a los desempleados nuevos y viejos a creer que pueden sobrevivir sin sumarse a un entramado social de resistencia. Para un plan económico que tendrá inevitablemente graves consecuencias sociales, evitar la organización de los expulsados del mercado laboral es fundamental, por eso la búsqueda de acuerdos con las organizaciones que buscan cambiar financiamiento y continuidad de algunos programas por baja conflictividad.
El retiro del estado ¿es real?
Estas dos facetas de la política de Cambiemos (la política económica general y la específica para el cooperativismo de trabajo), no muestran necesariamente un retiro del Estado, si pensamos a su accionar no sólo como lo que hacen los ministerios, sino en su conjunto. Este es un gobierno con mucho dominio de todos los factores de poder (ejecutivo, judicial, legislativo, mediático, económico) y se muestra activo aunque todavía no ha mostrado todas sus cartas en relación al sector. Lo que es dudoso es que se pueda caracterizar a su política como “retiro” del Estado, pues despliega políticas, mientras avanza busca anular o complicarle el funcionamiento a todas las formas económicas que no se corresponden con la empresa capitalista ni con el emprendedorismo que reproduce en pequeña escala su racionalidad económica, y reconoce en cada cooperativa de trabajadores y en cada emprendimiento autogestionado no sólo una forma de organización económica (que pueden ser toleradas por el pensamiento neoliberal si se pliegan a sus principios), sino una manifestación de organización popular del trabajo que debe ser reducida a su mínima expresión, tanto económica como social.
El plan busca reconvertir la estructura socioeconómica, reducir la base industrial y fomentar el crecimiento de las exportaciones en algunos sectores agroindustriales, energéticos y (pocas) industrias de alto valor agregado, lo que genera un alto costo social que debe ser manejado para mantenerlo con bajo nivel de conflictividad. Del resto se ocupa el mercado.
