De las contradicciones a la ofensiva

Por Francisco Cantamutto (*)

Un panorama económico de la ofensiva neoliberal.

La economía argentina enfrenta diversas limitaciones estructurales que la tensionan de manera reiterada, y que entorpecen su desarrollo. Algunas de estas restricciones se hicieron presentes durante el último período del kirchnerismo. Entre otras, aparecieron las dificultades para crear empleo, para subir los salarios (por encima de la inflación), se hizo visible la escasez de energía, comenzaron a faltar dólares. Estos problemas no surgían –al menos, no exclusivamente- de malas voluntades, sino que respondieron a problemas propios de la matriz productiva (desequilibrada) y el tipo de inserción (dependiente) de la Argentina en el mundo.

Esto ponía en cuestión la propuesta de “modelo” del gobierno anterior, que tenía un acompañamiento cada vez más difuso del sector al cual ubicaba en el centro del desarrollo: la industria. Tal como existe realmente en el país, la industria se caracteriza por un elevado contenido importado en la propia producción (insumos, máquinas, bienes intermedios), un importante grado de concentración que hace que pocas empresas controlen la producción, siendo además en gran medida extranjeras, y aún cuando no lo son, tienden a enviar al exterior gran parte de sus ganancias, en lugar de invertirlas. A pesar del discurso oficial, la industria no cambió estas características durante la última década, haciendo cada vez más difícil conciliar su lugar como motor del desarrollo y una propuesta que buscara ser inclusiva en términos sociales.

Ante estas tensiones, el empresariado más concentrado del país fue lentamente uniéndose en reclamos comunes, con cierta independencia del sector en que operan. La Asociación Empresaria Argentina, el Coloquio de IDEA y el Foro de Convergencia Económica fueron espacios de este acercamiento. Entre las demandas más importantes se destacaron la resolución del conflicto con los fondos buitres  para poder acceder al crédito, la búsqueda de un “clima de negocios” más amable con sus reclamos, la reducción de diversos costos (logísticos, impositivos, laborales), la “normalización” (liberalización) de los precios. Ésta ha sido la guía de acción de la Alianza Cambiemos desde que ganó las elecciones.

Haciendo a un lado las maniobras de distracción, el programa económico de Cambiemos desde diciembre de 2015 ha sido esencialmente el mismo: un neoliberalismo tardío, que pretende que maximizar los negocios del empresariado más concentrado es la única alternativa posible. No se trata, como muchas veces se confunde, de “menos Estado y más mercado”, sino de un Estado fuerte y activo, pero orientado en favor de unos pocos. Este accionar es clave, y se ve, por ejemplo, en la activa promoción de negocios con el capital extranjero, con la organización de eventos internacionales como la reunión ministerial de la OMC en diciembre pasado o del G20 este año. También lo es en garantizar subas dispares de precios, donde algunos sectores ven asegurarse sus ganancias contra las necesidades de otros: las tarifas son el caso más evidente, que no podría operar sin el recurso activo del gobierno. Se lo puede ver en el uso de la pauta oficial para favorecer medios adeptos en detrimento de otros (incluyendo públicos y comunitarios). O en una función clave para sostener las cuentas externas del país, que es el financiamiento de la masiva fuga de divisas a través de su propio endeudamiento.

Resultados esquivos

La inflación, en teoría, era uno de los problemas a resolver. Sin embargo, en lugar de bajar como se prometió, se elevó, llevando un acumulado de más del 100% desde que Cambiemos es gobierno. Esa suba de precios, además, se distribuye de manera despareja: según los cálculos de la UMET, aquellos trabajadores peor remunerados enfrentan una inflación cerca de 25% mayor a la que enfrentan los mejor remunerados. Es decir, como doble castigo, las subas de precios son mayores para quienes peor están. Claro está, salarios y asignaciones van por detrás de estos aumentos.

La suba de precios ha sido impulsada por varios motivos que se solapan, e incluyen las devaluaciones, el tarifazo, la quita de retenciones y la desregulación de la economía. En cambio, según el gobierno, el problema se originaba en el déficit fiscal, que era cubierto con emisión de dinero. Ahora bien, incluso con este diagnóstico, sus propias políticas afectaron el resultado fiscal, al quitar impuestos a bienes de lujo (como autos de alta gama), a bienes personales, reducir contribuciones patronales y derechos de exportación. En materia de gastos, el ahorro por caída de subsidios es más que superado por el pago de intereses de deuda. La diferencia no ha estado en la reducción del déficit, sino en quién paga y quién recibe fondos del Estado.

Desde 2015, la economía está virtualmente estancada, con todos los indicadores más recientes acusando una crisis severa. En la comparación año a año, el gobierno defiende variaciones positivas, pues el valor de referencia sigue siendo la brutal caída de la actividad en el 2016 y principios de 2017. El último dato de PBI es apenas un 4% mayor que al principio del gobierno de Cambiemos. Las fuentes de expansión del PBI han estado ligadas al crecimiento de las exportaciones y la inversión, donde el gobierno anota sus esperanzas. Sin embargo, incluso allí es relativo, pues entre las primeras creció el peso de los bienes primarios, lo que significa menor creación de empleo y mayor presión sobre los recursos naturales. Lo que es más problemático, el crecimiento de las importaciones ha llevado a un creciente déficit comercial, que totalizaba 11 mil millones de dólares, contando desde diciembre de 2015 hasta junio de 2018. Es decir, el efecto de la apertura es una mayor salida de recursos. En el segundo rubro, el impulso de la obra pública ha sido clave, porque desde el exterior la “lluvia de inversiones” no ha llegado: considerando el mismo período de este año el total de inversión extranjera (5.804 millones de dólares) no cubre las salidas por envío de ganancias al exterior (6.145 millones)… parece que llovió al revés. Es decir, también mayores salidas.

Sobre lo anterior, se debe sumar el problema endémico de la fuga de capitales, que sumó casi 51 mil millones de dólares. Esta fuga es explicada por un puñado de grandes empresas, y sectores altos y medio-altos de la población, que imaginan (falsamente, claro) que comprar dólares es un derecho y una necesidad de toda la población.

Tanto para cerrar la brecha del déficit fiscal como las cuentas externas, el Estado ha tomado un rol central mediante la toma de deuda, a una velocidad récord en el mundo. No solo eso, sino que ha crecido la parte nominada en moneda extranjera, en manos de privados y bajo jurisdicción extranjera: todo lo cual la hace más difícil de manejar en el futuro cercano. Su peso en el PBI y en las exportaciones también creció, alcanzando los valores del 2001, previo al default. Todos los indicadores de sostenibilidad de la deuda pública han empeorado.

Aún así, esta tendencia palidece frente a las contradicciones de la toma de deuda del Banco Central, que, para financiar a un gobierno en problemas, ha emitido más bonos (LEBACS) que el total de billetes y monedas en todo el país. Estos instrumentos tienen una duración media de poco más de un mes, que obligan a renovaciones periódicas, donde se prometen tasas de interés que hoy superan el 45% para “tentar” a los inversores. Por supuesto, esto compone una bicicleta financiera insostenible, que agrega crecientes dudas sobre el futuro más cercano. Por eso desde abril cada mes se viven dudas sobre nuevas corridas cambiarias, que devaluaron el peso más de 35% desde entonces. Tasas de interés elevadas y riesgo cambiario dificultan el crédito productivo.El gobierno pretende desmontar esta bomba de tiempo cambiando estas letras por otros bonos en dólares (LETES y NOBAC) a uno o más años, y otros a… ¡una semana! (llamados LELIQ). Por supuesto, este esquema es insostenible.

En este marco, el debate interno entre una política de shock y una vía gradualista no debe confundir: se trata del mismo programa, aplicado a distintas velocidades. Aunque parezca extraño, fue el segundo perfil el que se privilegió hasta ahora, que le permitió al gobierno construir acuerdos con gobernadores, dentro del Congreso, incluso negociar alguna concesión con organizaciones populares. Fue lo que permitió impulsar la obra pública en la segunda mitad de 2017, que empujó la economía y colaboró en el resultado de las elecciones. El reciente acuerdo con el FMI, blinda de apoyo externo al programa, y refuerza la supuesta necesidad de pasar a una fase de ajuste más marcada, por la cual se están reduciendo centralmente los salarios estatales, la obra pública y las transferencias a provincias y municipios. Además se pide que se profundicen las reformas laboral, tributaria y previsional. El FMI realizará revisiones permanentes sobre el cumplimiento del ajuste. Sin embargo, todas las previsiones indican que el crédito del Fondo no será suficiente para cubrir la fuga de capitales, lo cual llevará a una espiral de endeudamiento y ajuste.

En este punto, y como ya estamos viendo cada vez con mayor frecuencia, el modelo solo cierra con más represión. Las operaciones de los servicios de inteligencia en diversas manifestaciones, el reciente decreto de cambio de funciones para las Fuerzas Armadas (además de la notoria pérdida de control en sus mecanismos de ascenso), junto con las compras masivas de armamento a Israel, o el permiso para que fuerzas estadounidenses entrenen o colaboren dentro del país, son todas expresiones de este sesgo. El neoliberalismo precariza, reprime y mata, y necesita del Estado para ello.

Desafíos para la economía autogestiva

En este escenario, de ofensiva contra las clases populares, e incluso los sectores no concentrados del capital (PyMEs), la economía autogestiva se encuentra ante grandes desafíos. Por el lado de los costos, son una amenaza creciente la suba de las tarifas de los servicios públicos, la impagable tasa de interés –que bloquea el escaso financiamiento-, y la creciente apertura de la economía –que la inunda de productos importados. Ante esto, además, por el lado de la demanda, todo indica reducción del mercado interno: por el escaso dinamismo del PBI, por la caída de salarios (públicos y privados), por la reducción de la obra pública.

No se trata de una novedad: es el escenario que denuncian desde hace tiempo organizaciones sociales, multisectoriales, sindicatos, PyMEs, etc. Pasada más de la mitad del mandato, el gobierno necesita profundizar para contentar a los sectores sociales que representa, incluso si eso dificulta su continuidad en el mediano plazo. El empresariado más poderoso busca hacer rápidos y rentables negocios, siguiendo la lógica de maximizar la ganancia en el plazo más corto. La falta de sustentabilidad de este esquema se está haciendo palmaria, y es allí donde la economía autogestiva tiene uno de sus mayores aportes: al mostrar que se pueden satisfacer necesidades sociales organizándose a partir de la centralidad del trabajo y la vida.

(*) Economista, miembro de la Sociedad de Economía Crítica.

(Visited 90 times, 1 visits today)