La hora de la unidad

Por Roly Villani

Ilustración: Martín Malamud

El final de la pesadilla macrista y el comienzo de una nueva etapa de gobierno abre nuevas perspectivas para el sector de la economía de los trabajadores y las trabajadoras. Un proceso de unidad y debate que atravesó el último año y llevó al Foro Federal de la Economía Cooperativa, Autogestionada y Popular, con una propuesta clara de agenda pública, es el marco de unidad necesario para que las expectativas de una nueva política estatal hacia el sector empiece a concretarse.

El gobierno de Mauricio Macri, con todas sus desastrosas políticas antipopulares y favorables a un mínimo porcentaje de los grandes ganadores de esta sociedad, por fin se fue, derrotado en las urnas, pero con un nada desdeñable porcentaje de votos. Se fue, lo fuimos, después de cuatro años de intensa lucha y resistencia popular. El triunfo de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner no fue meramente un éxito electoral, una cuestión de evidente buena lectura política o de la capacidad –innegable– de forjar amplias alianzas: fue, antes que todo, una victoria forjada a través de una resistencia intensa, luchada, trajinada desde todos los sectores del campo popular. Y eso, incluye, por supuesto, a la autogestión.

Para nuestras empresas autogestionadas, recuperadas, cooperativas de trabajo de distinto tipo, organizaciones sociales y de la economía popular, se trató de cuatro años de lucha y, hay que decirlo, de sufrimiento. Ya lo hemos caracterizado a lo largo de todos los números de nuestra revista, pero vale la pena recordarlo: políticas neoliberales que contrajeron la economía,el consumo y la producción en tiempo récord, tarifazos impagables, jueces hostiles, un gobierno represivo y agresivo, vetos a las leyes de expropiación, desalojos, baja de matrículas, ofensiva mediática, entre otras cosas. Las empresas autogestionadas llegaron al final de estos terribles cuatro años al límite de su capacidad. Muchas cooperativas están al mínimo de sus posibilidades productivas, perdieron trabajadores, contrajeron deudas, fueron aplastadas por los tarifazos, algunas están directamente paralizadas, otras debieron cerrar sus puertas. Pero están y esperan que el cambio político alivie su situación, corrija las inequidades e injusticias y, sobre todo, repare la sensación de total abandono por parte del Estado.

En el último año y medio, al aproximarse el final de este gobierno destructivo, las distintas organizaciones del sector comenzamos a discutir el futuro próximo. Sin perder la perspectiva de que no había nada asegurado (recordemos que hasta el día anterior a las primarias del 11 de agosto las encuestas daban una elección pareja y algunos consultores hasta se animan a dar una victoria al macrismo), se empezó a pensar la construcción de una agenda programática para el posmacrismo. El resultado fue la formulación de un documento que fue publicado en el número anterior de esta revista, y que fue la base para una unidad amplia, el Foro Federal de la Economía Cooperativa, Autogestionada y Popular. Este evento, que se realizó en el microestadio del club Ferrocarril Oeste el 27 de julio, representó por primera vez la unidad entre empresas recuperadas, cooperativas de trabajo y organizaciones de la economía popular. En ese documento base, estructurado en siete puntos, se afirmaba que nuestras organizaciones y su forma de trabajar y producir no eran un hecho fortuito o circunstancial producto de la crisis, sino un amplio y creciente sector de la clase trabajadora, que como tal debe ser reconocido y equiparado en derechos con los trabajadores formalizados y sindicalizados. Y también, y esencialmente, una forma de economía que no puede másser ignorada y debe ser sujeto de políticas económicas activas y específicas, que partan del hecho de que el cooperativismo de trabajo y la economía popular basada en la autogestión es una realidad que representa a millones de trabajadoras y trabajadores en nuestro país y que tiene la potencialidad de generar empleo y aportar al desarrollo. El Foro contó con la participación de 3000 personas de las organizaciones y con la presencia, en ocho comisiones de trabajo, de numerosos panelistas, de las organizaciones, del mundo académico y también representantes del futuro gobierno, entre los que podemos destacar a Matías Kulfas, Daniel Arroyo, Gabriel Katopodis, recientemente asumidos como ministros de Desarrollo Productivo, Desarrollo Social y Obras Públicas respectivamente, y de Mario Cafiero, nombrado presidente del INAES.

La caracterización del período macrista, como señalamos, ofrece pocas dudas. La cuestión es la etapa que se abre tras la derrota de Juntos por el Cambio. El nuevo gobierno se enfrenta a una situación muy delicada desde lo económico y social, en un contexto regional hostil con escasos aliados en una región con gobiernos cada vez más a la derecha y que sufre enormes tensiones (ver dossier), con una oposición que ya adoptó una tónica acorde con esa situación latinoamericana y que conserva considerable poder de fuego. Asumir la administración del Estado en estas condiciones no va a ser sencillo, y mucho menos responder a las enormes expectativas populares que se generaron, inevitablemente, después de cuatro años de pérdidas y despojo. Ese panorama incluye, por supuesto, a nuestro sector.

El desafío que tiene el gobierno entrante en relación con la autogestión puede ser analizado en tres grandes dimensiones. La primera, es la recuperación y la configuración de una política pública, desaparecida por completo durante el gobierno de Macri salvo para debilitar y destruir. En segundo lugar, responder a las situaciones de emergenciaque ponen en riesgo a la misma existencia de miles de cooperativas de trabajo y empresas autogestionadas. Y en tercero, lograr constituir una política estratégica que atienda a la economía de los trabajadores y las trabajadoras en los sentidos apuntados por el documento de Ferro, es decir, como parte necesaria y constitutiva del desarrollo económico y social de nuestro país.

En el primer aspecto, el macrismo deja una devastación inimaginable: no sobrevivieron (salvo nominalmente) áreas gubernamentales para atender las necesidades de las cooperativas de trabajo y menos a las empresas recuperadas. El llamado “emprendedurismo” concentraba los esfuerzos,y en los últimos meses incluso la política sancionada por la ley de emergencia social conquistada por los movimientos sociales durante su propio gobierno (el Salario Social Complementario, SSC), frente al panorama de una derrota casi segura, había caído en un marasmo. El organismo específico, el INAES, que hace años que no es más que una institución de control burocrático-administrativo de las cooperativas y mutuales, dio de baja con un argumento técnico-formal a miles de cooperativas de trabajo. Los primeros días de gobierno de Alberto Fernández, en cambio, muestran una reconfiguración total del Ministerio de Desarrollo Social, mediante la creación de una Secretaría de Economía Popular con amplia presencia de los movimientos sociales y, vinculado a ellas, áreas específicas para empresas recuperadas y cooperativas. También desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, central en la política económica del nuevo gobierno, se está creando un área específica para el trabajo cooperativo. Y el INAES está empezando a tener vientos de cambio con el nombramiento de Mario Cafiero, mentor de la propuesta de Moneda PAR. Todavía es demasiado pronto para saber cómo se van a desempeñar estas áreas pero no cabe duda de que va a haber atención a los problemas del sector.

La emergencia es lo primero a resolver, condición de supervivencia. Implica aliviar la situación de ahogo económico, especialmente a través de las tarifas abusivas e impagables, suspender cortes de energía y desalojos, solucionar la situación de las leyes de expropiación que amenazan con poner en riesgo la estabilidad de las empresas recuperadas, en especial en la provincia de Buenos Aires, resolver las inequidades en el acceso al SSC para las cooperativas, entre otras cosas. Situaciones urgentes que necesitan soluciones rápidas y contundentes. El gobierno tiene la fuerza para hacerlo.

Por último, y esto tiene relación con la configuración que se arme desde la política pública, los organismos específicos y sus responsables, es necesario comenzar a edificar los cimientos de la definitiva incorporación de la autogestión al escenario económico del país como un actor relevante y que merece ser objeto de una política específica. Esto significa poner a tono los instrumentos jurídicos con los reclamos del sector, en especial legalizando y dando derechos al trabajo autogestionado en igualdad de condiciones con el resto de la clase trabajadora y convertir a las cooperativas de trabajo en empresas de pleno derecho, que puedan ser sujeto de crédito y de políticas de promoción económica e industrial y no simplemente de asistencia en la crisis y en la emergencia social. Y, principalmente, la elaboración de estas líneas de política económica, para que nuestras empresas puedan pararse de igual a igual con el mercado capitalista pero sin perder su esencia. Se trata de generar las condiciones para el desarrollo de la economía autogestionada y popular, no de convertirla en un apéndice del Estado. Pero para eso, como cualquier otro sector, es necesaria una política que lo haga posible, porque, hasta ahora, los miles de empresas autogestionadas –incluyendo a las recuperadas– se han debido arreglar casi en soledad, luchando contra todo, el mercado, sus propias limitaciones y, también, contra la indiferencia o, peor aún, la hostilidad del Estado.

Podemos permitirnos ser optimistas, porque la economía cooperativa autogestionada y popular no solo demostró que existe, que ha logrado sobrevivir a un período durísimo, sino que tiene organización y propuestas. También hay receptividad y espacios que se abren en el gobierno. Y, especialmente, porque constatamos la conciencia de la necesidad de la unidad para poder avanzar. La transformación de la CTEP y otros movimientos sociales en un nuevo sindicato, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, lo demuestra.

El escenario que se abre

Le quisimos dar voz directa a distintos referentes del sector de empresas cooperativas, recuperadas y autogestionadas. Les preguntamos por el balance de los cuatro años de macrismo, por las medidas de corto y mediano plazo que creen que el próximo gobierno debería tomar y por las expectativas que cada organización tiene respecto de lo que se viene. El resultado es un completo programa de acción.
Hugo Cabrera | Federación de Cooperativas Autogestionadas de Buenos Aires (FEDECABA)
“El desafío es unirnos”

El final del gobierno de Macri dejó un saldo muy negativo para el sector de cooperativas y autogestionadas, al igual que las Pymes. Por la apertura de las importaciones, por el achicamiento del mercado y por los aumentos de las tarifas que hicieron que algunas condiciones de precariedad que tenían algunos compañeros, se empeoraron fuertemente. Veo que, en cualquier comparación con trabajadores en relación de dependencia, los trabajadores de este sector salen en desventaja.
Desde la Federación y también en el trabajo con otras organizaciones venimos discutiendo políticas de largo plazo y de mayor urgencia. Pienso que lo urgente y fundamental es que paren el aumento de las tarifas. Creo que eso es urgente y puede frenar inmediatamente la caída. Después, que se reactive la industria sería importantísimo porque nos permitiría empezar a trabajar. Pero creo que también sería importante que el gobierno nos tenga en el radar, en la mira de la economía. Que haya un proyecto para las cooperativas y las recuperadas, una mirada más estratégica, Que no solamente nos den un subsidio para comprar algo, sino que haya una política para el sector y pienso que hay algunos sectores que pueden recuperarse mucho más rápido que otros, el textil y la alimentación por ejemplo, pero creo que si el gobierno tiene una mirada más estratégica y logramos que escuchen lo que les estamos planteando podemos ser una vía rápida de reactivación de la economía y del empleo y la ocupación.
En general, todos tenemos muchísimas esperanzas. Es difícil saber si son sólo buena voluntad. Sabemos que hay condicionamientos internacionales, económicos, condicionamientos muy fuertes que le están poniendo al gobierno entrante. Pero hay muchas promesas de las cuales nos agarramos. Cuando se habla de poner en marcha la producción o de la Emergencia Alimentaria, genera expectativas muy fuertes. El desafío es unirnos, trabajar juntos, porque por separado va a ser muy difícil, vamos a conseguir migas para cada uno y no vamos a plantear el proyecto transformador que necesitamos.

 

Silvia Diaz
Cooperativa La Cacerola, FACTA
“La buena noticia es que estamos de pie y transitando la unidad”

Nuestro sector ha salido muy golpeado en lo económico y lo social con caída importante de la producción, deterioro de nuestras maquinarias y equipamiento y muy especialmente caída de nuestros ingresos: ha sido sacrificando ingresos que hemos logrado mantener las cooperativas funcionando, ya que los tarifazos nos obligaban a resignar el aumento de nuestros ingresos para compensar la inflación. Al mismo tiempo, hay un saldo favorable: en primer lugar porque logramos mantenernos de pie, lo cual demuestra una resistencia y fortaleza y también porque nos ha forzado a sacar conclusiones sobre la necesidad de dejar de lado cuestiones secundarias para impulsar fuertemente la unidad.
Necesitamos políticas de corto plazo que contemplen, en primer lugar la emergencia alimentaria, invertir recursos de manera rápida y equitativa para mejorar la alimentación del conjunto de nuestro pueblo. Pero también es importantísimo el aumento de salarios y jubilaciones que ya ha sido prometido por el gobierno electo. Y un segundo aspecto son las medidas urgentes de control de cambio para impedir que los poseedores de Leliq y los consabidos actores de la bicicleta financiera vuelvan a perpetrar golpes contra la soberanía del país forzando devaluaciones. Y como tercera medida muy importante, medidas crediticias para las cooperativas y la pequeña producción, ya que este sector, con relativamente poco costo fiscal, puede actuar rápidamente para reactivar la producción y el mercado interno en beneficio del conjunto de la sociedad.
En el largo plazo, necesitamos una política tarifaria especial y sostenida y un fuerte apoyo del Estado en innovación tecnológica para el desarrollo de nuestro sector para que podamos participar en el impulso a las ramas estratégicas para el desarrollo de la economía del país y su soberanía, Y también entendemos que el sector demostró fortaleza en las peores condiciones: no solo somos un factor positivo para el desarrollo de la economía, lo vamos a hacer cuidando a los trabajadores del sector y el medio ambiente, porque como enseña una larga experiencia, la incorporación de tecnología, si no hay un adecuado control del Estado y la sociedad organizada, no siempre es positiva.
Las expectativas para el sector son buenas porque, si desde ya hemos sabido aguantar frente a una política brutal ofensiva de Macri como consecuencia del neoliberalismo general pero también por políticas específicas como las tomadas por el INAES (la liquidación de matrículas, por ejemplo), si a pesar de todo eso pudimos mantenernos de pie, con políticas públicas de sostén y apoyo las posibilidades de un crecimiento sostenido de ganar en escala y calidad y concretar la defensa de valores de comunidad y una vida mejor para la sociedad van a estar a la orden del día. Por supuesto que esto está supeditado a que el próximo gobierno cumpla con lo prometido. Va a ser importante para eso nuestra organización y la construcción de fuertes lazos con otras fuerzas y la construcción de la organización popular que respalde las medidas positivas del gobierno y también que reclame las que hagan falta.

 

Leonardo Duva | GESTARA
“Es vital generar un Plan Nacional de Compras Públicas”

El sector de empresas cooperativas ha sido vapuleado durante el transcurso de este gobierno tanto o más que las empresas privadas del sector de producción o la rama de servicios. En particular desde GESTARA y. a diferencia del resto del espacio productivo, hemos tomado la firme decisión política de salir a construir solidariamente un armado político defensivo y propositivo. Hemos consolidado acuerdos con gremios de las diversas ramas de la producción, federaciones y entidades sociales que sufren el embate neoliberal en carne propia con el fin de recrear propuestas para un gobierno diferente, con políticas públicas que no sean contrarias al sentir y la necesidad de los que vivimos del trabajo. Por ello se generó en las cooperativas y emprendimientos sociales donde participamos, una fuerza que empujó, junto a diversos actores sociales, los cambios políticos que hoy vemos y se materializarán en el próximo gobierno.
La emergencia está centrada en la atención de los sectores más vulnerables y en aquellos que pueden ayudar a generar trabajo y hacer mover la rueda productiva. Las cooperativas, en tal sentido, son las organizaciones laborales del mundo del trabajo que permitirán darle volumen a la fuerza productiva en todas las áreas. Se abre una etapa donde las cooperativas seremos un nexo de gran importancia en lo social y en lo político para reconstruir la matriz productiva y llevar decididamente a nuestro país hacia el pleno empleo.

Una de esas políticas públicas debe estar ligada a la formación en valores y capacitación en trabajo cooperativo (por ej. educación en todos los niveles comenzando desde el jardín de infantes hasta el postgrado universitario) y ser acompañada al mismo tiempo por estímulos concretos a la inclusión y la expansión del trabajo cooperativo en diversos sectores del quehacer productivo nacional, para producir de todo, ya que nada nos es ajeno en materia de trabajo, productos y servicios. La necesidad es que el gobierno entrante interprete esta experiencia centenaria en Argentina, la asimile para sus políticas de Estado y que se garantice la incorporación de compañeros/as para llevar adelante esos objetivos inmediatos. Es vital generar un Plan Nacional de Compras Públicas como herramienta para generar circulación de capital y el trabajo, cual Pacto Social entre Estado, privados, gremios y cooperativas.
En GESTARA, las expectativas de superación de esta crisis son muy grandes, máxime si continuamos agrupando al sector cooperativo en toda su diversidad, los movimientos sociales y a diversas áreas del gobierno entrante.
Gisela Bustos | Cooperativa 19 de diciembre
“Priorizar la timba o el trabajo es una decisión política”

El gobierno de Macri deja un saldo muy negativo. En lo cuantitativo y por una combinación de factores donde la crisis ha sido seguramente determinante, la experiencia registró bajas como nunca antes en estos casi veinte años de recuperación de unidades productivas. En estos cuatro años, pagamos un alto costo por no haber podido consolidar oportunamente instrumentos institucionales específicos y eficientes, lo que nos dejó totalmente expuestos al veto sistemático de leyes de expropiación, avances orientados a derogar legislación de protección a las ERT, todo tipo de hostigamiento y presión para el pago de tasas y servicios inalcanzables, y un comportamiento judicial que (en el marco de la Ley 24522 tras la reforma del año 2011) quedó dependiente de posicionamiento personales, libre para desatar su más o menos abierta hostilidad hacia los procesos de recuperación de empresas a manos de sus trabajadorxs.
Tuvimos que naturalizar que no siempre suenen las máquinas y acostumbrarnos a que nos arrebaten la posibilidad de proyección en el mediano y largo plazo. En fin, a diferencia de las empresas privadas en general, que ante la crisis apelan a la nómina de trabajadorxs o al cierre de la planta, nuestras ERT subsisten con todxs sus integrantes tomadxs de las manos, pero la situación es muy grave, se consumen reservas que se achican dramáticamente, en la incertidumbre y avizorando un final de año muy difícil.
Muchas son las medidas de emergencia que tendría que tomar el gobierno apenas asuma. Adoptar medidas administrativas y legislativas urgentes. Entre ellas: prohibir desalojos, cortes de servicios, revisar los marcos tarifarios, incorporar la tarifa diferencial; en el marco de la recuperación de un Ministerio de Trabajo, es urgente refinanciar y revisar los programas PTA (Programa Trabajo Autogestionado) y PEI (Empleo Independiente), para que las distintas líneas de asistencia sean realmente eficaces; revisar PIST (Programa Ingreso Social con Trabajo) y el Salario Social Complementario para que sean herramientas que sirvan y no mecanismos de asistencia, cooptación y apriete; leyes, prórrogas y renovaciones automáticas de legislación de expropiación; organismos de contralor nacional y provinciales con resortes eficaces: asistencia, registros y matrículas en 48 horas frente a casos de ERT e implementación de programas de compra que reactiven la producción.
Podemos pensar en un largo plazo que incluya programas de compre por parte del Estado y con previsión de beneficios para el compre de privados; fondos y acompañamiento de instituciones en articulación (ministerios, organismos de contralor, universidad, INTI, Conicet) para capital de trabajo, innovación, renovación tecnológica, capacitaciones, etc. ; normativa que recepte nuestra especificidad, ley nacional de expropiación de unidades productivas, con previsión de propiedad estatal/colectiva, cesión de uso de los medios productivos, y revalorización de la función social; seguridad social para lxs trabajadorxs del sector, para evitar que, en el mejor de los casos, accedan a la jubilación mínima; reconocimiento expreso del sector y de su naturaleza social, productiva y jurídica, con espacios específicos en los organigramas de la administración, donde la voz de lxs protagonistas sea parte activa en la construcción de las políticas públicas; abordaje de las cuestiones de género y de las tareas de cuidado, puntos muy importantes y poco visibilizados.
Se que no va a ser fácil ni inmediato salir de la grave situación en que está el conjunto de nuestro pueblo y nuestro sector como parte de él. Pero también estamos convencidxs de que las decisiones que hay que tomar son políticas, es decir, hay que elegir entre priorizar a una minoría acomodada basada en la timba y la fuga, o a la mayoría que a diario pone el cuerpo para sostener al país, hay que elegir ponernos de rodillas en el marco internacional o pelear de pie.

 

Eva Verde | Frente Popular Darío Santillán:
“La herencia de Macri es una deuda que nos condena”

Fueron cuatro años terribles para el pueblo, para la mayoría de la sociedad y para el sector de la Economía Social, los más excluidos de todo el sistema. Nos deja el país en una situación de emergencia general pero sobre todo nos deja una deuda con el FMI que nosotros consideramos que es una deuda ilegal, que es dinero que se le prestó al país para que se la queden unos pocos y la fuguen. Eso nos condena. Por lo pronto, habría que investigarla, porque es una deuda ilegal desde todo punto de vista y no corresponde que el pueblo la asuma. Además, nos deja también como herencia un sentido común muy derechizado, la instalación del odio hacia el pobre, hacia el migrante, en eso avanzaron mucho los últimos años.

Creo que lo prioritario es la Emergencia Alimentaria y está en la agenda, lo viene diciendo el presidente electo. Un plan para salir del hambre, que me parece que está bastante bien orientado, por lo menos en la formulación del plan, porque no sólo es repartir comida sino que está mirando quienes son los que podrían producir esa comida. Es un planteo histórico nuestro, de las Organizaciones Sociales, venimos de los Foros, de años de trabajo en conjunto planteando esto: una economía que mire el consumo interno como un factor que fomenta el trabajo. Si el Estado pone recursos para paliar una situación de emergencia, que ese recurso no vaya a las grandes empresas transnacionales porque es un traspaso de dinero directo: que se intente poner cabeza para que la urgencia se piense también desde la economía local, lo que nosotros llamamos Economía Popular, Autogestionaria y Cooperativa. Ante un Estado tan ausente, las organizaciones están dando solución a la alimentación y la salud, entonces, estas estructuras con un pie en los barrios es la que va a ser más fácil que llegue todo lo que tiene que llegar.

En el mediano plazo, aunque también es urgente, me parece que hay que replantear el proceso general por el cual cada vez hay menos gente con más plata y más gente con poco, lo que hay que solucionar es Tierra, Techo y Trabajo. Tierra para producir, el trabajo para que sea la forma digna de ganarnos la vida y un techo donde vivir. También la salud y la educación. Pero el desafío para construir una Argentina que no sienta tanto los vaivenes de los gobiernos, es desarrollar trabajo genuino. Cuando pensás en vivienda para los barrios humildes, hay cuatro mil que están fiscalizados y hay un plan de 12 años para construir. Y si eso lo hacés con mano de obra cooperativa generas trabajo, es un circuito virtuoso que se puede generar. Lo mismo con la tierra, hay gente que se rasga las vestiduras cuando planteamos la expropiación de tierras porque está mal vista pero la producción de alimentos tiene que estar dirigida desde el Estado, pensada para que sea producida por los sectores populares, que son los primeros que tienen interés en que sea buena comida. Porque es para ellos y para su familia, Son los primeros que van a cuidar la tierra y no van a querer sacar ventaja o acumular guita. Cualquier modelo de país va a necesitar los commodities, pero nosotros somos productores de alimento. Si uno hace un plan y cambia la matriz productiva puede generar alimento de calidad para toda la Argentina y ser exportadores de alimento sano.
Edgardo Form | Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos
“Reactivar el consumo con un sistema financiero al servicio de la producción”

Si bien tenemos pendiente una evaluación global del impacto producido por las políticas del gobierno de Mauricio Macri sobre el sector, tanto cooperativo como mutual, podemos afirmar que predomina el saldo negativo. El achicamiento del mercado interno, como consecuencia de la reducción del poder adquisitivo de los asalariados, jubilados y pensionados; el cierre de numerosas Pymes, producto de la disminución del consumo y la apertura indiscriminada de la importación de gran parte de los productos que elaboran esas empresas, la imposibilidad de acceder al financiamiento bancario por las altísimas tasas de interés y la gravitación de las tarifas de los servicios esenciales, entre otras resultantes del modelo neoliberal, son algunos de los datos más relevantes del contexto en el que tuvieron que desarrollar sus actividades las empresas de la economía social y solidaria.
Hubo, entre muchas medidas negativas, el intento de gravar con el Impuesto a las Ganancias a las cooperativas y mutuales de crédito, seguros y reaseguros, desconociendo en forma flagrante la naturaleza carente de fines de lucro de ambas entidades.
Una medida impostergable será reactivar el consumo, motor clave para que la economía comience a funcionar generando un mejoramiento de la calidad de vida de la población al posibilitar el acceso a múltiples demandas postergadas. Será necesario que el Sistema Financiero se ponga al servicio de la producción y no de la especulación, como ha venido ocurriendo en los últimos cuatro años. Y como un marco indispensable también para que toda la economía funcione adecuadamente, el nuevo gobierno tendrá que encarar una firme negociación con el FMI.
En el largo plazo, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC) presentó en diversos momentos de la historia reciente una Propuesta Cooperativa en la cual enumeramos algunas de las políticas públicas que consideramos de vital importancia.
Por un lado, la recuperación y defensa de las empresas de servicios esenciales también llamados públicos. Planteamos que la gestión de estas empresas debería ser tripartita, con participación de los trabajadores, los usuarios y el Estado, de tal modo que se garantice la transparencia, la eficacia, el cumplimiento del objeto para el que fueron creadas.
También planteamos la necesidad de sancionar una Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social, en reemplazo de la norma vigente, la Ley 21526, producto de la última dictadura cívico militar. O sea, establecer una norma según la cual se canalicen los ahorros populares con destino al desarrollo de las economías regionales, las Pymes y, por supuesto, todo el vasto sector de la economía social y solidaria.
Otra de las medidas que deberían instrumentarse es el Plan Nacional de Educación Cooperativa y Mutual, una iniciativa que cuenta con el respaldo pleno de todas las confederaciones del sector y que será presentado a las próximas autoridades del área específica. En materia previsional, habrá que fortalecer el sistema solidario de reparto y mantener a buen resguardo el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, entre otras medidas.
El nuevo gobierno surge con un importante respaldo popular expresado en las urnas. Lo hace con propuestas que salen al encuentro de múltiples demandas de la sociedad y con el compromiso de que una vez instalado con todos sus atributos, pondrá en marcha políticas públicas coherentes con lo prometido durante la campaña electoral.
Francisco Martínez | Cooperativa Textiles Pigüé, ACTRA
“Consolidar las condiciones laborales del sector autogestionado”

 

Yo no hago catarsis, la catarsis la hice el 10 de diciembre de 2015 con las Madres de Plaza de Mayo en la Plaza, cuando la gente nos escupía. Si uno está formado, sabía lo que venía. Vino lo que sabíamos y así la bancamos.
Las empresas recuperadas siempre tenemos que hacer las cosas bien porque el Estado es prejuicioso y el mercado también. Si las experiencias no son brillantes nos cuesta mucho levantar la mirada. Lo que yo le voy a pedir a los funcionarios entrantes siempre es que revisen la historia y vean las actuaciones del sector. Que vean que el sector de cooperativas y recuperadas ha crecido o al menos se ha bancado estos cuatro años haciendo esfuerzos enormes. Que vean que seguimos de pie. Que entiendan que este esfuerzo necesita crédito, acompañamiento para multiplicar la experiencia.
El empleo está a la baja en el mundo, no por la coyuntura en Argentina. Estoy seguro de que es muy difícil que todos vuelvan a recuperar el empleo formal. Pero tenemos un contrato: es con todos, con las PyMEs, con las empresas sociales, con los sindicatos. Entonces lo que yo pido es honestidad económica e intelectual. ¿Con quienes se van a juntar para hacer política pública?
Para las empresas recuperadas hay algunas ideas que tenemos. En el corto plazo, ¿por qué no se pueden titularizar todas las empresas recuperadas de la Provincia de Buenos Aires como lo hizo Pigüé, si los acreedores principales son el Estado y los trabajadores? ¿Por qué en lugar de expropiaciones temporarias no generamos la transferencia definitiva de esas empresas a los trabajadores y generamos una hipoteca de primer grado por parte de la provincia? No es una imposición, es una idea para conversar. Otra demanda es que aparezca la compra estatal. No queremos vivir de la teta del Estado, pero hay resoluciones que se deben cumplir, que el cooperativismo tiene que tener cierto privilegio y que el Estado vea que las organizaciones que aguantamos estos cuatro años la economía, queremos ser un brazo articulador para una política industrial y redistributiva.
Y lo que necesitamos en un plano menos específico es que se nos reconozca como trabajadores plenos. Venimos de antiguas empresas y formamos cooperativas. Pero somos trabajadores. Y como –más allá de algunas excepciones, como UOM, Gráficos– los sindicatos y los gremios no nos han abrazado como nosotros necesitamos, necesitamos generar el Estatuto del Trabajador de la Autogestión. Para tener paridad de derechos con los trabajadores. No estamos diciendo que queremos volver a la relación de dependencia, pero los trabajadores de este sector tienen que estar sólidos, impecables. No puede ser que tengan una jubilación mínima, que no tengan Obra Social. Que de un salario de 40 mil pesos pasen a tener un salario social complementario. Nos toca esta parte de la historia, a una cantidad de compañeros les tocó fundar el Movimiento, a nosotros nos toca consolidar las condiciones laborales de este sector.

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